Ante la creciente preocupación por la falta de vigilancia en buques atracados en jurisdicción local, el  legislador de Puerto General San Martín Luciano Mandon presentó un proyecto de ordenanza que propone la creación de la figura del Guardia Portuario Municipal de Buques Atracados. El objetivo es reestablecer condiciones mínimas de seguridad en los muelles locales tras la desregulación de la figura del sereno portuario por parte del gobierno nacional, además de sostener fuentes laborales en la localidad.

El detonante fue el Decreto Nacional Nº 37/2025, que eliminó la figura del sereno de buques, generando un vacío operativo crítico en el sistema de control portuario argentino, con un fuerte impacto en la región por la pérdida de puestos de trabajo. “Hoy, decenas de embarcaciones amarran sin supervisión física directa, lo que expone a la ciudad a graves riesgos ambientales, sanitarios y de seguridad”, advirtió Mandon, que buscó una alternativa creativa para garantizar controles necesarios e impulsar trabajo local, sobreponiéndose a la motosierra sin sentido y peligrosa que impulsa el Estado nacional.

Mandon, con fuerte arraigo en el sector de los trabajadores y conocedor del sector agroexportador, propone en la iniciativa que estos nuevos agentes, debidamente acreditados, capacitados en normas ambientales y en el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP), actúen como nexo entre Prefectura Naval Argentina, las terminales y el municipio.

En ese sentido, en el proyecto el edil cita hechos recientes que evidencian los riesgos del actual esquema desregulado: el hallazgo de casi 470 kilos de cocaína en un buque amarrado en San Lorenzo; el vertido de sustancias no identificadas en el río Paraná; la desaparición de un tripulante en la terminal de COFCO; y un derrame de aceite frente a la planta de Buyatti sin aviso inmediato a las autoridades.

El proyecto toma como referencia modelos internacionales en EE.UU., Países Bajos, Alemania y China, donde la vigilancia de buques atracados es una función especializada, integrada a los protocolos de seguridad y control ambiental. También invoca el Código ISPS, el Convenio SOLAS, la Ley General del Ambiente y la Ley Provincial Nº 11.717, además de fallos recientes de la Corte Suprema que reconocen la facultad de los municipios de actuar ante vacíos normativos y en defensa del ambiente y la seguridad local.

El guardia portuario municipal será, en palabras del proyecto, “el primer observador y notificador oficial del estado del buque, de sus condiciones ambientales y humanas, garantizando un monitoreo preventivo frente a potenciales violaciones a los derechos ambientales y humanos”.

La iniciativa ingresó hoy al Concejo Municipal y queda ahora a disposición para ser tratada en las próximas Comisiones y generó una gran expectativa en el ámbito local por el impacto inmediato que puede llegar a tener. Además, de aprobarse, Puerto General San Martín se convertiría en la primera ciudad portuaria del país en crear un cuerpo local específico de vigilancia en muelle, retomando el control sobre una zona estratégica tanto para la economía nacional como para la seguridad ambiental y territorial.