El reclamo fue formalizado en una carta enviada a la Secretaría de Energía de la Nación, firmada por la Cámara de Empresas Regionales de Biocombustibles (CEPREB), la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA). En el escrito, las entidades advierten que el precio oficial del biodiesel, fijado para las ventas a las petroleras en el marco del corte obligatorio con gasoil, no respeta la metodología de cálculo legalmente establecida.

De acuerdo a sus estimaciones, la distorsión en el valor reconocido por el Estado generó pérdidas directas por 45 millones de dólares y otras 31 millones de dólares correspondientes a rentabilidad no percibida, lo que eleva el perjuicio total a 76 millones de dólares.

“El perjuicio no es sólo económico: si esta situación continúa, muchas plantas se verán obligadas a parar la producción, con consecuencias directas sobre el empleo”, advirtieron los industriales en su misiva a la secretaria de Energía, María Tettamanti, y al subsecretario de Combustibles Líquidos, Federico Veller.

Las empresas también cuestionaron la reciente decisión del presidente Javier Milei de reducir los derechos de exportación del aceite de soja, insumo clave en la elaboración del biodiesel, lo que encareció aún más sus costos. “La baja del 31% al 24,5% en las retenciones encareció el precio del aceite en el mercado interno, agravando la ya delicada situación de la industria”, remarcaron.

En un sector regulado, donde el Estado define tanto los precios como los volúmenes que cada empresa puede comercializar, las cámaras empresarias aseguran que la falta de actualización tarifaria los está empujando al borde del colapso financiero. “Nos encontramos ante un escenario insostenible. Si no hay una corrección urgente, la consecuencia será una crisis con suspensión de actividades, pérdida de empleos y desinversión”, concluyeron.