En el marco de la reforma constitucional que se debate en la provincia de Santa Fe, la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia presentó una propuesta ambiciosa para modernizar el sistema judicial provincial. El documento propone una serie de reformas estructurales con el objetivo de garantizar una justicia más eficiente, accesible, independiente y controlada por la ciudadanía.

Uno de los ejes centrales del anteproyecto es la modificación en la integración y funcionamiento del máximo tribunal. Se propone que la Corte esté compuesta por cinco jueces o juezas, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. A diferencia del régimen actual, el cargo tendría un mandato de 10 años no renovable.

Esta modificación busca evitar la concentración de poder y renovar periódicamente las miradas dentro del tribunal, favoreciendo la alternancia y la oxigenación institucional. Limitar el mandato apunta también a debilitar vínculos de dependencia prolongados con otros poderes del Estado, fortaleciendo la imparcialidad.

La propuesta también impulsa la creación de un Consejo de la Magistratura con jerarquía constitucional, lo que implica otorgarle autonomía y estabilidad normativa. Este órgano estaría encargado de seleccionar, evaluar y eventualmente remover jueces y funcionarios del Poder Judicial.

Este cambio representa una innovación estructural clave, ya que busca profesionalizar el acceso a la magistratura y reducir las designaciones discrecionales, abriendo paso a procesos más transparentes, con criterios técnicos y evaluaciones objetivas.

El texto promueve la inclusión de principios de paridad de género en la integración del Poder Judicial, una demanda histórica de los colectivos feministas y de derechos humanos. También establece obligaciones de rendición de cuentas, control de gestión y planificación estratégica.

Esto implicaría, por ejemplo, la obligación del Poder Judicial de informar periódicamente sobre el cumplimiento de sus objetivos, la eficiencia de sus recursos y la calidad del servicio de justicia. Además, se incorpora la posibilidad de aplicar mecanismos de evaluación periódica del desempeño de jueces y magistrados.

El anteproyecto propone constitucionalizar la autonomía funcional del Ministerio Público (fiscalías y defensorías), lo que asegura que su actuación esté libre de presiones externas o internas del propio Poder Judicial. Esto es clave para garantizar investigaciones imparciales y defensas efectivas, sobre todo en causas sensibles que involucran a actores del poder.

Se reduciría la opacidad en la designación de jueces y la gestión judicial mediante controles ciudadanos y evaluación de desempeño.

Independencia: al limitar mandatos y establecer un sistema de selección profesional, se debilitan las interferencias políticas y los pactos corporativos.

Equidad de género: la paridad obligatoria permitiría una mayor representación de mujeres y diversidades en los tribunales.

Participación ciudadana: al incluir a la sociedad civil en órganos de control como el Consejo de la Magistratura, se democratiza el poder judicial.

La planificación y evaluación de resultados permite corregir desvíos y mejorar los tiempos del servicio de justicia.

Por su parte, la minoría de la Corte rechaza la limitación de mandatos y plantea mantener la integración actual del tribunal, defendiendo la independencia judicial frente a eventuales vaivenes políticos. También propone mantener la designación de jueces vitalicios, pero con fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y formación continua.

Ratificación del carácter vitalicio de los cargos judiciales.

Creación de una Oficina de Control de Gestión Judicial.

Sostenimiento del autogobierno del Poder Judicial sin injerencias externas.