El proyecto fue ingresado oficialmente el 24 de julio en la Convención Reformadora y apunta a subsanar un vacío histórico en el reconocimiento del mundo rural dentro de la organización política provincial.

Según el texto propuesto, un Municipio Rural sería una forma específica de organización municipal para aquellas localidades que no llegan al piso poblacional requerido para ser consideradas ciudades, pero que necesitan autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera para desarrollarse.

La propuesta establece que estos municipios deberán contar con estructuras institucionales acordes a su escala, pero sin perder competencias clave como el ordenamiento territorial, la prestación de servicios esenciales y la promoción del arraigo.

Entre las funciones que se les asignarían a los Municipios Rurales, se destacan la promoción del desarrollo económico y productivo, articulando con PyMEs, cooperativas y organizaciones de la economía popular, planificación urbana con criterios de equidad y sustentabilidad, mejora en conectividad digital, acceso a servicios públicos, salud y educación, generación de condiciones que favorezcan el arraigo, con foco en jóvenes y en la equidad de género.

La propuesta también establece que el Estado provincial deberá brindar asistencia técnica y financiera para el cumplimiento de estas funciones y para consolidar la autonomía de los nuevos municipios.