La firma, perteneciente a la familia Espiñeira, adeuda al día de hoy el 96% del salario correspondiente a junio, más el medio aguinaldo. Además, pretende avanzar con el PPC que incluiría el despido del 30% del personal bajo el artículo 247, con una indemnización reducida al 50% y pagadera en seis cuotas, la caída del Convenio Colectivo de Trabajo 2/88 que permitiría una reducción salarial del 50%, suspensiones semanales aleatorias y la suspensión de cualquier recomposición salarial durante 12 meses.

Desde la planta de Totoras, los trabajadores denunciaron que “la actual es una crisis inducida por la misma empresa, que no presenta datos reales sobre su situación ni explica cómo se llegó a esta instancia”. Agregaron que “hoy se continúa con la retención de crédito laboral de cuatro horas por turno y se trabaja sólo tres días a la semana, debido a la falta de insumos y materia prima”. La Secretaría de Trabajo se encuentra a la espera de nueva documentación para evaluar la solicitud patronal.

En el ámbito legislativo, diputados y diputadas nacionales del bloque peronista presentaron un proyecto de resolución en solidaridad con los trabajadores de Verónica. El texto exige “una pronta y eficaz intervención de la Secretaría de Trabajo de la Nación, que garantice el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores y la continuidad de la totalidad de los puestos de trabajo”. Esta iniciativa se suma a las impulsadas en la Legislatura provincial por distintos bloques políticos.

El conflicto actual se inició el 13 de mayo de 2025, cuando los empleados comenzaron a ejercer la retención de crédito laboral ante la mora salarial y de cargas sociales. En Totoras, localidad de 14.000 habitantes, unas 200 familias dependen directamente de la empresa.

La crisis tiene antecedentes. Desde hace años la empresa viene atrasando pagos, llegando incluso a ofrecer en marzo un pago salarial en cuotas: dos de 30% y dos de 20%, tras protestas por la demora desde fines de 2024. Asimismo, incumplió con pagos al gremio y a la obra social. Durante los últimos siete años se arrastran irregularidades en los descuentos a prepagas, cuotas alimentarias y aportes jubilatorios, que no habrían sido depositados correctamente.