Tras más de dos meses de conflicto, la actividad en la flota congeladora que opera sobre merluza y calamar en el Atlántico Sur comienza lentamente a normalizarse luego de que el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y las cámaras empresarias del sector suscribieran un acuerdo transitorio que permitirá retomar la pesca. Sin embargo, el entendimiento no resuelve de fondo los reclamos y deja abiertas tensiones que podrían resurgir en el corto plazo.

El conflicto comenzó en mayo de 2025, cuando las empresas nucleadas en CAPIP, CAPECA y CEPA exigieron una reducción del 30% en el valor de producción que perciben los marineros y maestranza, argumentando una fuerte caída de precios en el mercado internacional y un supuesto colapso en la rentabilidad del sector. La respuesta fue un rechazo absoluto de la marinería, que organizó manifestaciones y cortes en rutas para defender los convenios colectivos y los salarios conquistados.

El enfrentamiento fue tenso y prolongado. Desde el gremio reconocen que se trató de uno de los conflictos “más duros y difíciles de conducir”, tanto por la presión empresarial como por la ausencia total de intervención del Estado Nacional y de los gobiernos provinciales patagónicos, que en lugar de mediar, miraron para otro lado.

“Nos dejaron solos. Ni Nación ni las provincias quisieron asumir el costo político de interceder frente al lobby pesquero”, reconoció en reserva un dirigente del SOMU. Esa falta de respaldo institucional obligó al gremio a buscar alternativas porque la resistencia casi artesanal solo estaba apuntalada por la dignidad de los tripulantes. Aunque la dirigencia recibió diras criticas y la presión directa en los puertos por la administración del conflicto.

El acuerdo firmado este viernes 1 de agosto permitió destrabar la situación, pero a costa de una reducción salarial transitoria que, en los hechos, implica un retroceso que podría generar nuevos conflictos al momento de la liquidación de haberes. 

Según lo pactado, se implementa un esquema 70/30, por el cual el 70% del salario será abonado como suma no remunerativa, permitiendo a las empresas descargar cargas fiscales.

Se aplicará un descuento del 9% por viaje, válido solo por esta temporada de pesca.

Se establece una revisión conjunta con las cámaras en enero de 2026 para evaluar la situación económica del sector.

Desde el sindicato explican que el impacto del descuento será mínimo gracias a una medida interna. “Nuestro Secretario General, Raúl Omar Durdos, ya dio la orden que el aporte del 4% de la cuota sindical se le abone al trabajador; y el otro 5% quedaría absorbido por la parte no remunerativa”, sostuvieron en un comunicado.

“El descuento acordado será solo por esta temporada, sin afectar ningún punto de los CCT, y será casi absorbido en su totalidad”, enfatizaron.

Desde el SOMU destacan que lograron preservar la vigencia plena de los convenios colectivos, frente a una embestida empresarial que pretendía reescribir las condiciones de trabajo a la baja. Sin embargo, el acuerdo firmado no fue uniforme ya que otras organizaciones gremiales del sector habrían rubricado convenios a la baja, con rebajas permanentes que debilitan la posición del conjunto de los trabajadores.

El temor ahora es que la fórmula alcanzada, transitoria y excepcional, sea tomada por las patronales como precedente para futuras negociaciones, o que surjan conflictos judiciales por la interpretación del carácter no remunerativo de los pagos.