Participaron del encuentro junto a Olga del Rosario Díaz, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, y Stella Maris Martínez, defensora General de la Nación, organismo que representó a la víctima ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Durante la apertura del acto, Horacio Pietragalla Corti expresó: “Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estamos muy contentos de llevar adelante este acto ya que, como dijo el presidente Alberto Fernández, los derechos humanos son la columna vertebral del Estado argentino. La Secretaría va a seguir impulsando la plena implementación de este acuerdo para lograr cambios efectivos en la forma en que el estado interviene en casos como este”.

Además, el funcionario agregó: “El acuerdo contempla una serie de acciones muy importantes para reparar a Olga, reivindicar su lucha y, más que nada, procurar que hechos como los que vivió no vuelvan a repetirse. El acto tiene un valor simbólico muy grande en el que la situación de Olga representa la de muchas otras mujeres víctimas de violencia. Lo que nos convoca es el resultado de un sistema judicial que carece de perspectiva de género y que no está a la altura de lo que exige la prevención de la violencia por motivos de género”.



La ministra Gómez Alcorta reconoció que, en general, las intervenciones judiciales más que garantizar a las mujeres el acceso efectivo a la justicia demuestran la vigencia de un engranaje basado en un sistema patriarcal y aseguró que en el caso de Olga “el accionar fue deficiente, violatorio de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos y contrario a los estándares de debida diligencia reforzada que se exigen para estos casos”. Señaló, además, que entre otras prácticas revictimizantes, hubo “ausencia de instancias apropiadas para asegurar una escucha activa y respetuosa. Esto viola los estándares básicos en materia de participación adecuada de las víctimas de violencias en los procesos judiciales que las involucran”.

Tras destacar que las falencias recurrentes impidieron el despliegue de medidas de protección adecuadas y oportunas, resaltó que, en su pedido de disculpas, el Estado argentino “ratifica su compromiso de implementar políticas contundentes para garantizar la no repetición de las violaciones de derechos humanos perpetradas en este caso. Es necesaria y urgente la reforma del sistema de justicia actual”, aseguró.

El cierre del encuentro estuvo a cargo de Olga del Rosario Díaz, quien expresó: “He visto que están trabajando sobre todos esos cambios judiciales para poder aceptar a las víctimas con empatía y brindarles la seguridad de que van a encontrar un respaldo y una solución, que esto no se va a volver a repetir nunca más. Nunca Más una Menos”.

El caso

El Estado argentino fue denunciado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de la ONU por incumplir sus obligaciones para prevenir hechos de violencia de género contra Díaz, en particular por la tentativa de femicidio que sufrió el 24 de marzo de 2017 a manos de su ex pareja, la mujer pasó 45 días internada en terapia intensiva. Si bien la víctima había realizado una denuncia poco tiempo antes, al momento del ataque no contaba con ninguna medida de protección.

El 23 de octubre de 2019 se firmó el Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado nacional y la Defensoría General de la Nación, que incluyó el reconocimiento estatal de que el tratamiento judicial dado al caso no tuvo en cuenta los tratados internacionales de derechos humanos y, en especial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer. Luego, el acuerdo fue aprobado el 17 de agosto de 2020 mediante el Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 679.

Medidas de no repetición

El Acuerdo prevé la adopción por parte del Estado de “medidas de no repetición”, destinadas a mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia por motivos de género. Entre otras cosas, esas medidas prevén la evaluación de los conocimientos de género de aspirantes a la magistratura y la creación de un registro de denuncias presentadas contra jueces/as por violencia de género en el ámbito del Consejo de la Magistratura, lo que se aprobó recientemente. También, la realización de capacitaciones a integrantes del Poder Judicial y de la policía, la elaboración de un Protocolo de Articulación Institucional, para coordinar las intervenciones en procesos de violencia; el dictado de Principios Generales de Actuación para las intervenciones judiciales; y la ampliación del patrocinio gratuito y especializado a víctimas de violencia de género.