La resolución fue dictada en el marco del expediente “CGT c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción de Amparo” (N° 19024/2025) y representa un nuevo límite judicial a los intentos del Gobierno de avanzar con reformas por decreto en áreas sensibles de la legislación laboral.

Los artículos en cuestión buscaban ampliar de forma sustancial la categoría de “servicio esencial”, incluyendo al transporte marítimo y fluvial con fines comerciales, y restringir de manera severa las medidas de fuerza en casi todos los sectores de actividad. Desde la central obrera se advirtió que esas modificaciones vulneran garantías establecidas en la Constitución Nacional, particularmente el artículo 14 bis, así como en convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que poseen jerarquía superior a las leyes.

La jueza Fullana consideró que al momento de dictarse el DNU el Congreso se encontraba en funciones, por lo que no se verifica la excepcionalidad que exige este tipo de instrumentos. Además, valoró como verosímil el derecho invocado por la CGT y advirtió sobre el riesgo de un perjuicio irreparable si se aplicaran las disposiciones impugnadas.

“El decreto afecta derechos fundamentales vinculados a la libertad sindical y la negociación colectiva”, señala la resolución, que deja sin efecto de manera provisoria los artículos cuestionados, sin pronunciarse aún sobre el fondo del planteo.

En su fallo, la magistrada también rechazó la pretensión del Gobierno de que la causa pasara al fuero contencioso-administrativo, y ratificó la competencia de la Justicia del Trabajo al tratarse de derechos laborales colectivos.

La suspensión de los artículos 2° y 3° del DNU 340/25 se suma a una serie de antecedentes en los que la Justicia laboral ha intervenido ante reformas impulsadas por el Ejecutivo mediante decretos, como ocurrió anteriormente con el DNU 70/23.

Desde la CGT celebraron la medida como un paso importante en la defensa de los derechos de los trabajadores organizados y anticiparon que seguirán dando batalla en todos los frentes frente a lo que consideran una “avanzada regresiva” contra las conquistas laborales.