La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside Hugo Yasky, avanzó en el debate de un proyecto de consenso que establezca penas ante las posiciones negacionistas del terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad, con la presencia de representantes de organismos de derechos humanos pero sin la legisladores de la oposición.

Del encuentro participaron representantes de organismos de derechos humanos, que expusieron sobre el proyecto que presentaron el viernes pasado, titulado "Formación obligatoria en derechos humanos y sanción del negacionismo".

La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, pidió “el rápido tratamiento de los proyectos que buscan castigar legalmente -no con cárcel, con inhabilitación- a todos aquellos negacionistas y a los que reivindican el genocidio”.



Por otra parte, Carlos Pisoni, referente de H.I.J.O.S, aseveró: “Venimos a proponer que la mejor forma de combatir el negacionismo es a través de la educación”. “Proponemos la tipificación del negacionismo para los funcionarios públicos que nieguen los crímenes de lesa humanidad reconocidos por el Estado Nacional”, especificó.

En tanto, Mabel Careaga, integrante del grupo de "los 12 de la Santa Cruz" e hija de Esther Ballestrino, desaparecida en la dictadura cívico-militar, expresó: “Necesitamos sancionar el negacionismo ya que esto protege a las víctimas del terrorismo de Estado y a todas las argentinas y argentinos”.

Luego, el presidente Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Eduardo Tavani, explicó que, bajo la bandera de “Memoria, Verdad y Justicia”, “venimos a defender un proyecto de capacitación y formación en Derechos Humanos”; mientras que Luis María Alman Bornes, titular del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, respaldó la norma al considerar que “el negacionismo es también discurso de odio”.

Según anticipó al término de la reunión Yasky, la intención del oficialismo es acordar en las próximas semanas un texto unificado en base ese proyecto presentado en los últimos días, avalado desde el Gobierno, y además un conjunto de iniciativas impulsadas por diputados del Frente de Todos (FdT) que buscan evitar que puedan ser candidatos los dirigentes políticos que reivindiquen la dictadura cívico-militar.

Los proyectos

Entre los proyectos presentados contra posiciones negacionistas figura uno que propone, entre otras medidas, que no podrán ser candidatos a cargos electivos los dirigentes que reivindiquen el terrorismo de Estado y establece además sanciones de hasta 10 años para ocupar funciones públicas.

Los legisladores autores de los proyectos para sancionar el negacionismo son los oficialistas Estela Hernández, Eduardo Fernández, Gisela Marziotta, Blanca Osuna, Carolina Moisés, Yasky y Carolina Gaillard, mientras que la legisladora massista Mónica Litza presentó una iniciativa para crear un Observatorio para la Convivencia Democrática.

Para reformar una Ley electoral se requiere una mayoría absoluta de votos en la Cámara de Diputados (129 legisladores) y del Senado (37 senadores), con lo cual se necesitan amplios consensos para poder sancionar un proyecto como el que se propone.