La crisis estructural del sistema marítimo internacional alcanzó un punto alarmante en lo que va de 2025. Según la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), 2.286 marineros fueron abandonados en 222 buques en todo el mundo, con más de 13,1 millones de dólares en salarios impagos, y un incremento interanual de casos que ya alcanza el 30%.

En este contexto, el sistema de banderas de conveniencia aparece nuevamente bajo el foco, mientras en Argentina se debaten políticas similares con la desregulación de la Marina Mercante impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El concepto se refiere al registro de buques bajo pabellones de países que ofrecen ventajas fiscales, laborales y regulatorias, como San Cristóbal y Nieves, Tanzania o Comoras. A cambio de este "servicio", los armadores se benefician de impuestos bajos, menores exigencias de seguridad y opacidad jurídica. Como resultado, cerca del 75% de los buques abandonados este año se encuentran registrados bajo estas banderas, señala la ITF.

El problema central radica en que estas jurisdicciones no cumplen con sus obligaciones internacionales, y en casos de abandono o conflictos laborales, se desentienden rápidamente, dejando a las tripulaciones sin asistencia legal, médica ni alimentaria.

El informe de la ITF destaca que el 37% de los abandonos se registraron en el mundo árabe, con especial énfasis en Emiratos Árabes Unidos, mientras que Europa acumuló un 34%, siendo Turquía el país con mayor incidencia. El patrón se repite: armadores anónimos, falta de controles portuarios y tripulaciones abandonadas en condiciones infrahumanas.

Argentina, bajo el Decreto de Necesidad y Urgencia 340/25, comenzó un proceso de desregulación de la Marina Mercante Nacional, habilitando el ingreso de buques extranjeros y tripulaciones foráneas en operaciones de cabotaje, lo que fue ampliamente cuestionado por los gremios fluviales, marítimos y de pesca nucleados en la FeMPINRA, CATT, FESIMAF y otras entidades del sector.

Los gremios marítimos argentinos advierten que la experiencia internacional demuestra que este modelo conduce a despidos masivos y sustitución de tripulaciones locales por mano de obra barata extranjera. Fuga de divisas, al permitir la operación de buques con beneficios fiscales en otros países. Pérdida de soberanía logística, especialmente en rutas estratégicas como la Hidrovía Paraná-Paraguay y el incremento del trabajo precario y sin cobertura, en un sector históricamente regulado.

En ese contexto, Argentina está tomando el camino opuesto a lo que recomiendan los expertos internacionales, cediendo espacio a prácticas denunciadas como violatorias de derechos humanos.

Por eso, los sindicatos exigen al Congreso Nacional rechazar de forma contundente el DNU 340/25 y abrir un debate serio con trabajadores, empresarios y especialistas para proteger la Marina Mercante Nacional y el empleo argentino.

Este viernes, el gobierno nacional sufrió un nuevo revés judicial respecto a la desregulación de la Ley de Cabotaje Nacional establecida por el DNU 340/25. La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto contra el fallo que favoreció al Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante.

En consecuencia, ratificó la suspensión cautelar de los artículos 2°, 3°, 5° al 7°, 9° al 11, 14, 25 al 27, 33 y 34 del mencionado decreto, así como de los artículos 7° a 10° de su anexo. La medida alcanza exclusivamente al ámbito definido en la resolución de la jueza nacional del trabajo Viviana M. Dobarro, quien ya había dictado la cautelar en primera instancia.