La crítica se centra en la creación de dos nuevos órganos previstos en el esquema de reforma: el Consejo Asesor de la Magistratura y el Tribunal de Enjuiciamiento. En ambos casos, el texto establece que sus integrantes provendrán exclusivamente de “universidades públicas con sede en la provincia”, dejando fuera a las instituciones privadas y a quienes se desempeñan en ellas.

Desde la Secretaría de Docentes Privados de UDA, encabezada por la Dra. María Esmeralda Videla, se manifestó una “profunda preocupación” por lo que consideran una “discriminación arbitraria” que impacta tanto en los egresados como en los docentes que forman parte de universidades privadas.

“Los docentes somos iguales en capacidad y dignidad. Esta medida representa una forma de desprecio injustificada hacia nuestro trabajo y hacia los alumnos”, afirmaron en un comunicado. Además, señalaron que los títulos emitidos por universidades privadas cuentan con el mismo reconocimiento oficial que los otorgados por instituciones públicas, por lo que cualquier diferenciación “carece de sustento académico o jurídico”.

“Una cosa son las relaciones laborales en el sector privado, y otra muy distinta es negar la representatividad institucional de quienes se forman y enseñan allí”, agregaron.

Finalmente, la organización docente expresó su rechazo al proyecto de la UCR y advirtió que no acompañará ninguna reforma que implique “retrocesos en derechos o discriminaciones sin fundamento”. “Defendemos el valor de la educación y el rol de los docentes, sin distinciones por el ámbito en que trabajen”, concluyeron.