El diputado provincial Ariel Bermúdez presentó este viernes un proyecto de pedido de informe a la Legislatura provincial para que el Poder Ejecutivo “dé a conocer si existen acciones planificadas y avances respecto de los daños ambientales y sobre las toneladas de jarosita que ha dejado la empresa Ar Zinc en el predio que funcionaba en Fray Luis Beltrán”.

El nombre de la firma que fabricaba ácido sulfúrico y lingotes de zinc aparece recurrentemente en las crónicas policiales por los robos frecuentes que sufren las instalaciones en el predio de 50 hectáreas ubicado entre la Avenida San Martín (Ruta 11) y el río Paraná.

Pero también hay un pasivo ambiental que nunca fue saneado y que hoy representa un enorme interrogante y una alerta inmensa para con la salud de los habitantes de Fray Luis Beltrán y todo el cordón industrial.

“Hay indicios de contaminación de las napas y si llegara a producirse un derrumbe, ese material contaminante iría a parar a las aguas del Paraná”, sostuvo Bermúdez en su proyecto presentado a la cámara baja provincial.



“El reclamo de los vecinos dan testimonio de que existen problemas de contaminación que se evidencian en el consumo de agua, porque en la tierra y en las napas hay químicos. Estos testimonios fueron acompañados de análisis de sangre cuyos resultados arrojaban que contenía arsénico”, reconoce el legislador.

“Glencore debe hacerse cargo de este pasivo ambiental. Y si no lo hizo es imprescindible conocer qué medidas tomó el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia para que efectivamente se presente ese plan”, denunció.



Ar Zinc SA inició sus actividades en mayo de 1950 bajo el nombre de Sulfacid. Fue una de las instalaciones fabriles históricas de la región, cuando se comenzó a constituir esta región como polo industrial corriendo el siglo XX.

En 2005, la empresa fue absorbida por el Grupo Glencore Internacional, compañía Suiza que posee parte de Renova en Timbúes.

Luego de la rotura de un horno en noviembre de 2015, la empresa comenzó con un cierre paulatino de sus actividades, las que concluyeron en el año 2016 con el despido definitivo de más de 400 trabajadores, en uno de los graves cimbronazos que sufrió la región y que se acentuaría con el cierre de Refinería San Lorenzo en 2018.