La sangría en la obra pública ya se cobró más de 100.000 empleos que alimentaban cerca de 4000 obras, todas hoy paralizadas sin fondos otorgados por parte del Gobierno Nacional, quien hace alarde de su superávit fiscal financiado en este momento por la quita de trabajo para miles de empleados de la construcción.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, difundió estas cifras en una entrevista brindada a Ámbito Financiero.

“En lo que va del presente ejercicio, ya finalizado el primer trimestre del ejercicio 2024, la ejecución presupuestaria del Sector Público Nacional refleja una caída real del 87%, donde las transferencias de capital a las provincias se redujeron en un 98,4% real interanual”, señaló el representante de la cámara que agrupa a las empresas constructoras.

Autopistas y rutas, viviendas, cárceles, hospitales, edificios, y varias otras obras han quedado paralizadas desde el mes de diciembre de 2023. Los despedidos ya superan los 100.000, solamente contando el personal perteneciente a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.

“A eso hay que agregarle todos aquellos que las empresas tienen suspendidos y que en los próximos meses, si esto continúa así, van a pasar a engrosar la lista”, agregó Weiss.

También el sector empresarial reclama una deuda importante con el Estado Nacional, la cual hoy supera largamente los 300.000 millones de pesos.

“La obra pública es un motor importante para la actividad económica del país, genera empleo directo e indirecto y estimula el crecimiento. Paralizarla, como está ocurriendo, afecta, no solo en el corto plazo a las empresas constructoras, los trabajadores involucrados y a toda la cadena de valor de la industria, que ya experimenta caídas del orden del 50% en el trimestre, sino que también va a traer graves consecuencias en el mediano y largo plazo al país”, dijo Weiss.

Como solución, señaló que la cámara está de acuerdo en la financiación privada. “Para ello es necesario una macroeconomía ordenada, baja inflación, acceso libre a divisas y seguridad jurídica, entre otras”, dijo.

De igual modo, Weiss advirtió: “No obstante, la experiencia internacional en aquellos países que más desarrollado tienen al sistema, nos indica que la participación privada no excede el 15% de la inversión total. El restante 85% no es atractivo para la inversión privada y por lo tanto está a cargo del Estado en sus tres niveles, Nacional, Provincial y Municipal”.