En el marco del debate por la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, la ciudadana Dana Estefanía Blanco presentó una propuesta para que el Fondo de Asistencia Educativa (FAE) tenga rango constitucional, asegurando transparencia y control ciudadano sobre los recursos destinados a infraestructura y equipamiento escolar.

El FAE, creado en 1968 por el Decreto Provincial N.º 5085, se financia con un porcentaje de las rentas municipales y comunales, además de la coparticipación de impuestos nacionales y provinciales. Su objetivo es financiar el mantenimiento, ampliación y construcción de edificios escolares, así como el equipamiento de las escuelas públicas.

En la actualidad, la normativa obliga a destinar parte de los recursos municipales y comunales a educación y cultura. Sin embargo, el proyecto señala que los fondos no siempre llegan de manera directa y efectiva a las comisiones administradoras del FAE, lo que deriva en falta de transparencia y debilitamiento de este espacio de participación ciudadana.

Esta problemática trasciende cualquier color político y se ha convertido en un reclamo recurrente de concejales de la oposición en decenas de concejos municipales de la provincia de Santa Fe. El foco de las críticas está puesto en la discrecionalidad del uso y distribución de los fondos, sumado a la constante falta de respuesta oficial de los intendentes a los pedidos de informes, lo que alimenta la desconfianza y dificulta el control ciudadano.

El texto presentado plantea que la Constitución establezca depósito automático y directo de los fondos del FAE en una cuenta específica de cada municipio o comuna. Administración exclusiva a cargo de las comisiones integradas por representantes del gobierno local, directores de escuelas, cooperadoras escolares y el Ministerio de Educación. Prohibición de desviar o condicionar esos fondos para otros fines. Rendición pública y periódica de cuentas.