De acuerdo a Aleñá, el DNU abunda en “inexactitudes, datos falsos y apreciaciones subjetivas sin rigor ni fundamento técnico”, sustentado por un informe del Ministerio de Transporte (IF-2025-72925664-APN-ST#MEC) que “carece de sustento fáctico, contiene datos falsos y refleja un profundo desconocimiento de la infraestructura vial del país”. Así, identificó que omite casi 50 funciones críticas de mantenimiento, control, seguridad, gestión, construcción, señalamiento, desarrollo y relevamiento claves como el control de peso y dimensiones, el trabajo de cuadrillas y la evaluación de pavimentos que realiza la DNV con correlación directa con la salud de quienes transitan las rutas y caminos del país. Además, marcó que para el Estado sería entre un 15% y un 50% más costoso la contratación de terceros para realizar estos trabajos.

De esta forma, la presentación emitida por el Sindicato y firmada por Aleñá indica que “el deterioro del estado de servicio de las rutas nacionales representa un serio riesgo para la seguridad vial ya que es causa de accidentes y muertes de personas” así como del aumento de costos para los gobiernos provinciales y municipales. Asimismo, la sindicalista indicó que el cierre de la DNV “pone en riesgo la vida, el desarrollo de las economías regionales y la conectividad tanto entre las provincias como con el resto de los países integrantes del MERCOSUR”.

El documento incluye un informe que manifiesta que este Decreto produce un riesgo a la soberanía nacional al perjudicar el desarrollo de una “red federal segura, continua y eficiente”. Por otro lado, agrega que genera un perjuicio al desarrollo económico al obstaculizar las exportaciones, el abastecimiento, la producción y la generación de empleo. Además, identifica un daño a la inversión pública y la seguridad vial. “La estructura operativa descentralizada con coordinación central permite una presencia inmediata en toda la red nacional asegurando su presencia ante eventos extraordinarios como ya lo ha demostrado en innumerables catástrofes”, califica.

El gremio también denunció que la retención de fondos del SISVIAL (impuesto al combustible) durante 2024 y lo que va de 2025, sumada a la desfinanciación presupuestaria, está acelerando el deterioro de las rutas, con impacto directo en la transitabilidad, la seguridad vial y las economías regionales. “Necesitamos proveer seguridad jurídica para la existencia de la DNV y tranquilidad a las 5200 familias que dependen de ella”, expresó la dirigente.