La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) denunció este martes que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/25, publicado por el gobierno de Javier Milei, constituye un nuevo y grave ataque al derecho de huelga de las y los trabajadores de la educación. Según la entidad sindical, el decreto califica a la educación como “servicio esencial” con el único propósito de restringir el derecho constitucional de ejercer medidas de fuerza.

CTERA remarcó que esta maniobra no es nueva: reproduce casi textualmente el contenido del DNU 70/2023, ya declarado inconstitucional por la Justicia en la causa N° 390/24. “Sin ningún interés por la originalidad, se intenta reinstalar un debate saldado hace más de veinte años, cuando la justicia laboral invalidó el Decreto 843/2000 del gobierno de De la Rúa y las resoluciones del Ministerio de Trabajo de entonces, a cargo de Patricia Bullrich”, señalaron desde la conducción del gremio.

El sindicato recordó que en 2002 la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó una sentencia que declaró inconstitucional la inclusión de la educación como servicio esencial a los efectos de limitar la huelga docente. El fallo estableció que tales disposiciones no pueden ser invocadas por futuros gobiernos para restringir ese derecho, amparado por normas nacionales e internacionales.

Además, CTERA citó pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en su informe definitivo N° GB 285/9 sostuvo que el sector educativo no puede ser considerado servicio esencial “en el sentido estricto del término”, ya que su interrupción no pone en peligro la vida, la seguridad ni la salud de la población, condiciones necesarias para justificar restricciones al derecho de huelga según el derecho internacional.

“El derecho de huelga es un derecho humano fundamental. Su limitación a través de un decreto presidencial que modifica la Ley 25.877 es abiertamente inconstitucional y arbitraria”, advirtieron desde CTERA. Y agregaron: “La democracia, la libertad sindical y la dignidad jamás serán nuevamente conculcadas”.

La entidad anticipó que tomará todas las medidas gremiales necesarias en el plano nacional e internacional para frenar lo que considera una conducta antijurídica del Gobierno nacional. Anunciaron que recurrirán nuevamente a los organismos internacionales competentes, cuyas resoluciones son de cumplimiento obligatorio para el Estado argentino en el marco del sistema de Naciones Unidas.