Este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario otorgaron la libertad condicional a Carlos Marcel Pérez, integrante de la delegación San Lorenzo de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y que se encontraba cumpliendo una condena a 3 años de prisión, acusado de formar parte de una asociación ilícita que había realizado extorsiones, encabezada por Carlos Vergara -ex secretario general de UOCRA Rosario- y a Andrés “Pillín” Bracamonte, jefe de la barrabrava de Central.

La causa había comenzado en diciembre del año pasado, cuando el Fiscal rosarino Miguel Moreno había descubierto que Bracamonte tenía una empresa de alquiler de baños químicos y servicio de viandas y junto con Carlos Vergara y el apoyo sindical “apretaban” a las empresas constructoras para que contratasen sus servicios, cometiendo extorsiones y amenazas para lograrlo. Además, se los acusa de "apretar" a constructores para que realizaran pagos en efectivo al gremio y que contraten a personas en las obras que no prestaban ningún servicio.

El rol de Carlos Pérez en ese entramado habría sido el de extorsionar a referentes de al menos dos empresas. Cuando en diciembre detuvieron a Bracamonte y a Vergara, también apresaron a Pérez y a otras cinco personas vinculadas a la causa. En el caso de Pérez, se lo imputó por el delito de asociación ilícita y tentativa de extorsión en dos hechos. Asimismo, mediante un procedimiento abreviado se lo había condenado a prisión efectiva por tres años.

Sin embargo, cumplidos ocho meses de la condena, estaba en condiciones de solicitar la libertad condicional, algo que finalmente realizó ayer bajo el patrocinio del abogado defensor sanlorencino Dr. Daniel Machado. Finalmente, el juez Dr. Rafael Coria le otorgó la libertad con ciertas restricciones, entre ellas: fijar domicilio y acreditar en un plazo máximo de 30 días que ha adoptado trabajo, oficio, arte, industria, o profesión o en su defecto realizar curso de capacitación.

Asimismo, no deberá cometer nuevo delito; se tendrá que someter al control de la Agencia de Medidas no Privativas de Libertad; prohibición de contacto, por cualquier medio, con las víctimas de los hechos por los cuales ha sido condenado, sus grupos familiares, como así también la prohibición de concurrir a los lugares donde estos asisten habitualmente (trabajo, establecimientos educativos, deportivo, etc.) y de acercamiento a un radio de 500 metros de sus domicilios reales y social, al tiempo que tampoco podrá acercarse a los co-imputados en la causa y, por último, tiene prohibido abusar de bebidas alcohólicas o consumir estupefacientes.

Todas estas medidas de restricción deberá cumplirlas “estrictamente” hasta el día 29 de noviembre de 2026, fecha de agotamiento de la condena, “bajo apercibimiento de revocársele la libertad en caso de incumplimiento de las mismas”, indicaron fuentes tribunalicias.

Los hechos

Para el Fiscal Miguel Moreno, a Andrés Bracamonte, José Carlos Vergara, Juan Manuel E., Cristian D, Luciano G., Horacio M., Fernando R, y Raúl Roque M., junto a otras personas sujetas a investigación, integrarían una asociación ilícita destinada a planificar y cometer una pluralidad de delitos de manera organizada, todo ello valiéndose de la estructura de la organización sindical Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, dentro de la cual se ha consolidado un poder de hecho que es compartido con la barrabrava de Rosario Central.

Los orígenes constatados de esta asociación se remontan a 2018, momento en el que se comienzan a verificar los estrechos vínculos entre la barra brava del club de fútbol y la UOCRA, a través de la relación entre sus dos autoridades máximas: Andrés Bracamonte y Carlos Vergara. Ya en esa época, “Pillín” estaba “adentro” de la UOCRA de San Lorenzo. Luego vendría la expansión a Villa Constitución.

En el año 2018, la empresa constituida el año anterior por Andrés Bracamonte y Fernando R., denominada VANEFRA, pasa a incluir dentro de su vasto objeto social el alquiler de baños químicos. Luego de ser imputados por la Fiscalía por el delito de lavado de activos en el año 2020, Andrés Bracamonte y Fernando R., en julio de 2021, utilizando como prestanombres a la esposa de Fernando R. y fundan FERCE SRL.

Entre sus actividades declaradas ante AFIP, registra la de “servicio de preparación de comidas para empresas y eventos” A su vez, a mediados de ese año, VANEFRA SRL pasó a denominarse ATE Servicios Integrales SRL, incorporando al objeto social “servicio de preparación de comidas para empresas y eventos”.

Dentro de la asociación ilícita estas sociedades constituyen la herramienta con la cual se consuma un grupo de las acciones extorsivas. Las acciones criminales emprendidas por el grupo consisten en extorsiones, amenazas, amenazas coactivas, lesiones, etc., tendientes a obtener ganancias y beneficios ilícitos.

Roles

Por su posición dentro de cada una de las estructuras de las que provienen, Andrés Bracamonte -en la barrabrava del club de fútbol- y José Carlos Vergara -en la UOCRA- y el poder de determinación que ellas les confieren y por el destino final de las ganancias ilícitas que obtiene la asociación, son considerados organizadores y jefes. Bracamonte aporta la fuerza de choque para que José Carlos Vergara se mantenga en el poder sindical y éste le aporta a su vez, la estructura de la UOCRA para que Andrés B. realice sus negocios extorsivos, dándole apariencia de licitud.

En un segundo peldaño, se encuentran Fernando R., Cristian D., Horacio M., Juan Manuel E., y J.M. Según explicó el Fiscal, Fernando R. administra las empresas que posee junto a Andrés B. Incluso, haciéndose pasar por veedor de UOCRA, “sugiere” a los contratistas que contraten a las empresas de aquél, que también son las suyas.

L.G. es, en San Lorenzo, quién se encarga de atender a los contratistas en la sede del sindicato. Con él se debe acordar la contratación de los servicios de viandas y baños químicos. Compartió durante un tiempo ese rol con Horacio M., quien terminó siendo desplazado a Villa Constitución y luego expulsado de la asociación ilícita

Juan Manuel E. y Cristian D., en Villa Constitución, cumplen funciones similares a las de L.G. Cristian D. cumplía antes esa función en San Lorenzo. Juan Manuel E., desplazó a J.M de esa misma función.

Por su parte, Horacio M. es el brazo recaudador y chofer de José Carlos Vergara. Todos ellos tienen autoridad suficiente para decidir dentro del sindicato, cuando ejecutar las consecuencias. Roque M. integra la fuerza de choque. El grupo que acompaña al estrato superior a “dialogar” con los contratistas díscolos, organiza las “consecuencias” y otro tipo de acciones violentas, cuando la “recomendación” y la “sugerencia”, no funcionan. El flujo del dinero obtenido merced a las acciones descriptas, tiene dirección ascendente y luego derrama ciertas cantidades hacia los estratos inferiores.