El Gobierno de Santa Fe, a través de su Ministerio de Justicia y Seguridad, rechazó con firmeza una demanda judicial presentada por Santino Alvarado, hijo del narco condenado Esteban Alvarado, quien pretende recuperar una propiedad ubicada en el paraje “Los Muchachos”, en la localidad de Piñero. Se trata de una quinta de cuatro hectáreas que fue legalmente decomisada tras una condena judicial firme y actualmente está bajo custodia del Estado provincial.

La acción judicial fue notificada el jueves 7 de agosto por el Juzgado de Circuito de la 2ª nominación de Rosario, a cargo del juez Eduardo Arichuluaga. En ella, el hijo de Alvarado promueve una acción revindicatoria con el objetivo de revertir la incautación de la propiedad que fue utilizada como base operativa en delitos graves, incluyendo homicidios.

“El Gobierno de Santa Fe no va a permitir que se ponga en tela de juicio el hecho fundamental de que a las organizaciones criminales hay que desmantelarlas económicamente”, expresó el ministro Pablo Cococcioni en conferencia de prensa. “No sirve de nada capturar a los delincuentes si luego sus bienes continúan en manos de sus familiares o testaferros”, agregó.

Cococcioni señaló que el decomiso fue avalado por múltiples instancias judiciales, incluida la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. La medida se sustenta en el Código Procesal Penal y en la ley que creó la Aprad (Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales), además del nuevo Sistema de Registro y Decomiso de bienes vinculados al delito.

El funcionario también criticó el intento del entorno de Alvarado de utilizar herramientas jurídicas para obstaculizar acciones del Estado: “Sorprende la osadía de querer reclamar, usando instrumentos pensados para garantizar derechos, a favor de bienes manchados de sangre”.

Por su parte, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, recordó que el Gobierno asumió la posesión de la quinta en mayo de este año, tras detectar que no se había ejecutado la sentencia dictada en 2022. "Nosotros asumimos el compromiso de avanzar con la recuperación del patrimonio de las organizaciones criminales, y cada vez que lo hacemos, aparece resistencia", afirmó.

Actualmente, algunos inmuebles del clan Alvarado ya fueron subastados, otros están bajo custodia estatal y algunos fueron asignados a instituciones comunitarias. El caso demuestra, según los funcionarios, la necesidad de profundizar las medidas de bloqueo económico al crimen organizado, como ya impulsa el Comité específico que conformó la actual gestión provincial.