El DNU formaba parte de la arquitectura desregulatoria del gobierno enmarcada en la Ley Bases y buscaba modificar pilares históricos del sistema fluvial y marítimo argentino, como la Ley de Navegación y el Régimen de Cabotaje Nacional. El objetivo declarado era “mejorar la competitividad y evitar la extinción” del sector, pero la propuesta encontró una firme resistencia de la oposición y de los sindicatos marítimos.

Entre sus puntos más controversiales, el decreto:

 - Permitía a armadores argentinos abanderar sus buques en el extranjero por hasta 10 años sin perder su matrícula nacional.

 - Autorizaba a buques de bandera extranjera a realizar cabotaje entre puertos argentinos ante la falta de embarcaciones nacionales.

 - Eliminaba la obligatoriedad de contratar tripulación a través de las bolsas de trabajo sindicales.

 - Trasladaba a los armadores la determinación del número de tripulantes, quedando el Estado limitado a fijar la dotación mínima de seguridad.

 - Declaraba a la navegación como servicio esencial, lo que implicaba garantizar el 75% de operatividad en caso de huelga.

Desde la oposición, se argumentó que el decreto desmantelaba la soberanía del sistema de transporte fluvial argentino, ponía en riesgo el empleo marítimo local y abría la puerta a una extranjerización total del comercio por vía acuática.

El diputado Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, expresó que “el Gobierno quiere convertir nuestros ríos en una autopista para intereses extranjeros, sin regulación, sin empleo argentino y sin soberanía”.

Por su parte, desde el oficialismo defendieron la iniciativa sosteniendo que la Marina Mercante está en retroceso desde hace décadas, con una caída operativa de más del 80% en los últimos 34 años. Según el decreto, los costos operativos bajo bandera argentina son hasta cuatro veces mayores que el promedio internacional, lo que impediría su competitividad.

Además del DNU 340/25, la Cámara baja rechazó otros decretos firmados por Milei y el ministro Federico Sturzenegger, como:

 • El que eliminaba la autarquía del INTA y el INTI.

 • El que cerraba organismos de Cultura, como el Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.

 • El que modificaba el Banco Nacional de Datos Genéticos.

 • Y el que eliminaba la Agencia de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad.

El tratamiento de estos decretos ahora pasará al Senado, donde la oposición cuenta con una mayoría más amplia, lo que anticipa una posible derrota definitiva del paquete de reformas.