El Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), liderado por Mariano Vilar; el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, conducido por Mariano Moreno, y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que encabeza Raúl Durdos, representado en esta oportunidad por Oscar Bravo, de la Delegación Mar del Plata, realizaron hoy por la mañana una conferencia prensa y una posterior marcha ante la amenaza de cierre de la Escuela Nacional de Pesca “Comandante Luis Piedrabuena”.

La misma fue organizada conjuntamente con directivos, docentes, alumnos y el personal no docente de la institución, y se llevó a cabo en las instalaciones del Club Talleres, ubicado en Magallanes 3878, Mar del Plata.

“Para nosotros esto significa una privatización encubierta y estamos totalmente en contra de lo que está llevando adelante la Armada. No entendemos sus motivos, pero evidentemente es una política nacional, porque lo vemos también en las universidades públicas y en otros ámbitos”, expresó Mariano Vilar (Siconara), y agregó: “En enero, el gobierno tuvo la intención de regalar el Mar Argentino, de hacer un mar abierto y de regalar los puertos. Y ahora vemos que va todo para el mismo lado. Esto pone manifiesto las intenciones del Gobierno Nacional de seguir entregando la soberanía”.

En ese sentido, el gremialista afirmó: “Nosotros no lo vamos a permitir, vamos a poner lo que haga falta para defender a la Escuela Nacional de Pesca, porque es Argentina y es soberanía”.

En cuanto a los dos argumentos que esgrimió la Armada, Vilar dijo que uno tiene que ver con la cuestión presupuestaria y otro con que no ve la necesidad de formar civiles que estén directamente vinculados a la pesca. “Parece que no tienen memoria. No podemos entender esta decisión, cuando los marinos mercantes en el conflicto de Malvinas tuvimos un rol fundamental. No puede venir hoy a decirnos hoy que no ven la necesidad de formarnos cuando estuvimos allá poniéndole el pecho a las balas”, sostuvo, y añadió: "No creemos nada de lo que dicen. Por eso estamos acá, porque somos trabajadores que defendemos lo que nos corresponde”.

En esa misma línea, Mariano Moreno (Patrones) manifestó: “Si nos sacan las escuelas, nos sacan la posibilidad de progreso a todos, a nuestras familias y a nuestros hijos. Para nosotros, esto nos pega en el corazón. Es mucho más que una dificultad burocrática. Esto tiene que ver con nuestras vidas ya que todos pasamos por la escuela de formación”. Y añadió: “Acá no hay grietas, estamos todos de acuerdo y juntos vamos a defender a la Escuela”.



Así, el Capitán dijo que “ya amenazaron con la apertura de la Ley de Pesca y con otras cuestiones. Hoy, con el cierre de una institución que forma profesionales, los mismos que estuvieron en el conflicto del Atlántico Sur de nuestras Islas Malvinas, y en la pandemia donde fuimos declarados esenciales y estuvimos al frente”, y completó: “Esos compañeros, que en los momentos más difíciles pusieron el lomo, hoy están siendo descartados por las políticas que tiene el gobierno que encabeza Javier Milei”.

“Nosotros, desde el lugar que nos toca representar no vamos a bajar los brazos y no vamos a claudicar en absolutamente en nada”, aseguró Moreno.

Un futuro incierto para 180 alumnos y más de 90 trabajadores

En la actualidad asisten a la Escuela Nacional de Pesca unos 180 alumnos, y más de 90 trabajadores entre docentes y no docentes completan la conformación de una gran comunidad educativa “que hoy se ve amenazada por la pretensión privatizadora del gobierno nacional”, sostuvieron los gremios.

El Secretario Extensión y Vinculació de la Escuela, Rafael Guiñazú, agradeció a los gremios por la iniciativa en defensa de la institución, y señaló: " La Escuela se cierra y no hay ninguna razón. La cierran porque la Armada considera que no está obligada bajo ningún marco Naval. Durante 50 años la Armada tuvo una responsabilidad y se comprometió en la formación de hombres y mujeres de la actividad de la Marina Mercante en la pesca. 50 años después se dieron cuenta de que no están obligados. Es una responsabilidad institucional muy grave, independientemente de lo que nos pase a nosotros como trabajadores".
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"Dijeron que hasta fin de año está garantizado que puedan recibirse los que se están recibiendo, el resto nadie sabe qué va a pasar con los alumnos", lamentó Guiñazú.