Durante la protesta, autoridades del IAPOS intentaron impedir el ingreso de representantes gremiales que buscaban entregar un escrito formal en disconformidad con la disposición del Gobierno provincial, que consideran “un nuevo golpe al bolsillo de trabajadores y jubilados”.

“Este nuevo golpe al bolsillo perjudica claramente al sector más castigado por el gobierno nacional y provincial que son los jubilados y las y los trabajadores. Pero este ajuste además no solo golpea en lo económico sino que limita el acceso a la salud”, expresó Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario.

Desde ambos sindicatos advirtieron que el tarifazo se aplicará sobre recibos de sueldo que aún no reflejan el último aumento paritario —cerrado por debajo de la inflación—, lo que implica que el incremento será descontado del salario recién otorgado y aún no percibido.

En el caso de los jubilados, la situación es aún más grave: además de aportar proporcionalmente más a la obra social, perciben los aumentos salariales con dos meses de retraso y son los principales usuarios de los servicios complementarios que ahora se encarecen.

Cabe destacar que el IAPOS, actualmente intervenido por el Gobierno provincial, depende del Ministerio de Economía y no del de Salud. A través de la Disposición General N° 023/2024, el Ejecutivo provincial modificó el carácter del servicio complementario, que desde 1991 era una suma fija y ahora pasará a ser variable: cuando el aporte personal supere los $20.000, se aplicará una alícuota superior.

Los sindicatos que representan a los trabajadores provinciales exigieron en un escrito que el derecho que no se mercantilice la salud de sus representados, la inmediata anulación del aumento de IAPOS Solidario, que los aumentos salariales se empalmen con los incrementos de la obra social, el cese de la intervención del gobierno en el IAPOS y se respete la autonomía de la obra social, la anulación del aporte extra de las y los jubilados, entre otros reclamos.