En un contexto marcado por el ajuste fiscal y la retirada del Estado de sus funciones esenciales, el gobierno de Javier Milei lleva adelante un desguace sin precedentes del sector público nacional. Desde su asunción en diciembre de 2023, ya se perdieron 52.340 puestos de trabajo en la administración pública nacional, lo que representa una caída del 15,2% de la planta estatal, según un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ?.

La jornada de hoy suma un nuevo golpe a miles de familias: se hará efectivo el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo clave para la infraestructura vial del país. La medida afecta a 5.500 trabajadores que quedarían en la calle, desarticulando por completo las capacidades del Estado para planificar, mantener y supervisar la red de rutas nacionales.

Este nuevo recorte se inscribe en un plan sistemático de eliminación de organismos públicos estratégicos. En el listado de empresas estatales más golpeadas por las políticas de despido, encabeza Correo Argentino con 4.945 desvinculaciones, seguido por la Operadora Ferroviaria S.E. (2.293), Aerolíneas Argentinas (1.780), Banco Nación (1.689) y AySA (1.577). En todos los casos, los despidos no sólo significan pérdida de empleo, sino el vaciamiento de servicios esenciales como el transporte, la conectividad federal y el acceso al agua potable ?.

El informe también advierte sobre un desmantelamiento ideológico del aparato estatal. Empresas y entes públicos que garantizaban derechos sociales, inclusión territorial y desarrollo productivo han sido directamente desactivados o reducidos a su mínima expresión. La ex Télam, por ejemplo, perdió el 80% de su personal, mientras que el CONICET, INTI, ANSES, SENASA, ENACOM y hasta el Instituto Nacional del Cáncer sufrieron recortes significativos que comprometen la salud pública, la ciencia, la seguridad alimentaria y la equidad digital ?.

Con el cierre de Vialidad, se profundiza una política que no distingue entre funciones operativas, técnicas o sociales. El Estado se vacía de trabajadores, pero también de sentido. La pregunta que queda flotando es quién mantendrá ahora las rutas, protegerá los alimentos, promoverá la ciencia o garantizará derechos en un país que decide prescindir de su propia estructura estatal.