Instituciones de la sociedad civil que trabajan a diario brindando asistencia a las personas con discapacidad se manifestaron este martes por la mañana en el centro de la ciudad de San Lorenzo, en una clara muestra de rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por el Congreso de la Nación.

En el cruce del Paseo del Pino de la Avenida San Martín y Del Combate se desarrolló una manifestación que tuvo a varios actores políticos de toda la región, incluyendo a los concejales oficialistas y opositores de la ciudad de San Lorenzo que adhirieron al rechazo a la medida del presidente Javier Milei.

La Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por ambas cámaras buscaba dar un nuevo marco regulatorio y aumentar así el monto de las pensiones por invalidez y contribuciones a personas con discapacidad hasta diciembre de 2027. Con el argumento de que esto es un costo fiscal “insostenible” para el Estado Nacional, el gobierno efectivizó el recorte y vetó la ley.

Una pensión por invalidez ronda hoy el 70% de la jubilación mínima. Ese dinero, en muchas oportunidades, es el único ingreso que una persona adulta con capacidades diferentes percibe debido a su condición.

“Ese dinero se destina en terapias, en tener una vida más amena y accesible, en poder generar más autonomía, en terapias, centros de día, en poder ir a la escuela porque necesitan una compañía”, explicó Camila Di Paolo, de Accionar por la Discapacidad.

“Las pensiones las utilizan para vivir por no poder acceder a trabajos por la discapacidad, y ese valor está muy por debajo de la mínima”, sostuvo.

Resta definir cuándo tratará el Congreso de la Nación este veto presidencial, el cual ya fue excluido de la sesión de este miércoles en donde se trabajarán, entre otros temas, los aumentos para los fondos de funcionamiento de las universidades nacionales y el refuerzo de asistencia para Bahía Blanca tras el temporal del mes de marzo de 2025.

La Cámara de Diputados deberá ingresar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y rechazar por dos tercios del cuerpo a la medida del gobierno, para que así pase a la cámara alta en donde la misión será la misma.

Mientras tanto, miles de personas con discapacidad y profesionales de la salud se ven perjudicados ante un nuevo golpe del gobierno nacional hacia los programas de asistencia que el Estado debe brindar para los más desfavorecidos.