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martes, 16 julio 2024 | Política

El Gobierno anunció que se envió a Diputados el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años

El Gobierno Nacional profundizó su estrategia contra el delito juvenil y envió el proyecto que pena los delitos graves para los menores de edad, algo inédito en el planeta
El Gobierno anunció que se envió a Diputados el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años

El Gobierno Nacional envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años de edad.

La Ley Penal Juvenil fue presentada este martes por la tarde, y es un régimen penal en donde los delitos cometidos por adolescentes mayores de 13 años de edad quedarán penados por un sistema especial para efectivizar su sanción.

El motivo, como lo habían anunciado Patricia Bullrich y Mariano Cuneo Libarona, impulsores de esta normativa, es la captación de menores de edad en el crimen organizado, al menos en términos de bandas con una mínima logística y planificación delictiva.

Los menores que causen delitos graves podrán ser castigados penalmente, según el proyecto. Además, se establecerán “medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.

“La legislación actual presenta una serie de problemas. El primero de ellos es la edad de imputabilidad vigente. Actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de dieciseis (16) años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones”, sostiene el proyecto.

El proyecto agrega que la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Ley N° 23.849, no se adecúa a “un desafío fundamental para alcanzar el objetivo de garantizar los derechos y asegurar la protección debida a los adolescentes en conflicto con la ley penal”.

“La citada Convención establece que los adolescentes tienen derechos especiales que deben ser protegidos y respetados en todo momento, incluido el derecho a ser tratados de manera justa y equitativa en el sistema de justicia penal. Por lo tanto, la legislación debe garantizar que las respuestas judiciales para los adolescentes imputados estén en consonancia con estos principios y debe ofrecer medidas diferenciadas que tengan en cuenta su edad, nivel de desarrollo y circunstancias individuales”, expresa.

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