El diputado Carlos Del Frade presentó hoy un viejo proyecto de Ley que establece la transferencia de bienes y embargo de cuentas a las firmas multinacionales que radicadas en la provincia de Santa Fe cierren sus plantas o despidan a más de veinte trabajadores sin fundamento económico serio y demostrable.

La propuesta data del año 2018, año en el cual no prosperó y perdió estado parlamentario. Esta mañana ingresó nuevamente a la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, en el marco de un cierre inminente de la empresa Dow Chemical en la ciudad de Puerto General San Martín.

Este martes el gobernador Omar Perotti manifestó su apoyo al reclamo del sindicato de evitar que la planta deje de funcionar en Puerto General San Martín. La empresa, por su parte, sigue inflexible ante la posibilidad de llevarse todo del predio sobre calle Hipólito Yrigoyen.


Entre su fundamento Del Frade expresa que: “el despido masivo de trabajadores y el cierre de empresas decididos desde países lejanos provocan un daño psicológico muy profundo en las personas y un costo social todavía no mensurado en el contexto geográfico afectado”.

“La transferencia de los bienes muebles e inmuebles y el embargo de las cuentas de la empresa en cuestión son medidas que deben pensarse como inmediatas una vez provocado el delito del cierre y el despido masivo. Porque se trata de un daño en estado de flagrancia y, por lo tanto, merece la atención de las fuerzas estatales para producir justicia. Un delito económico flagrante que demanda una intervención inmediata de parte de las instituciones de la democracia al servicio de los trabajadores y la comunidad en general”, explica el diputado.

En su articulado, el proyecto dictamina que: “El despido masivo de trabajadores o el cierre de una empresa que no tiene problemas económicos según se verifique en los balances presentados y publicados según las normativas legales, constituye un delito contra la paz social y comunitaria”.

“El embargo de las cuentas de la empresa multinacional también estará destinado a la continuidad de las fuentes laborales a cargo de los trabajadores asesorados por técnicos especializados de los Ministerios de la Producción y de Trabajo, como también de otras áreas que sean requeridas por las necesidades de los empleados”, articula.

Daños

Del Frade sostiene que además de la desocupación que genera el cierre de estas unidades de procesamiento y el impacto que genera a la economía nacional, existe un daño asiduo.

“Porque más allá del pago de las indemnizaciones correspondientes, hay una continuidad del daño, en ambas dimensiones (particular y colectiva), ya que no hay recuperación del puesto de trabajo”, dice el legislador.

También remarca que: “las experiencias sindicales, en tanto, apuntan al objetivo de la recuperación del lugar de producción, no solamente por su significado equivalente al sustento económico sino, fundamentalmente, a la recuperación de la autoestima del trabajador y su familia”.

La iniciativa del legislador surge con un dato histórico del accionar de los capitales foráneos. Desde la primera mitad de los años sesenta, cuando se produjo el cierre del último ingenio de La Forestal, hasta la década del noventa, la provincia de Santa Fe ha sido testigo de la extensión en el tiempo del mal que provocan estas decisiones empresariales.

La Forestal: compañía inglesa instalada en el territorio comprendido entre el sur de la Provincia del Chaco y el norte de la provincia de Santa Fe en Argentina, que a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX explotó los extensos bosques de quebracho que había en estas provincias.