A menos de un mes de las elecciones municipales, el intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis, volvió a recurrir a una fórmula que ya no sorprende, pero sí indigna: utilizar recursos públicos para apuntalar su campaña y perpetuar un régimen político que lleva 24 años en el poder de manera ininterrumpida. Esta vez, lo hizo con la entrega de 135 motovehículos a trabajadores municipales, financiados por el Estado local, en un acto con estética de celebración y aroma inconfundible a clientelismo electoral.

Mientras los problemas estructurales de la ciudad —como el acceso a la vivienda, el transporte público, la infraestructura en los barrios y la falta de atención médica— siguen esperando respuestas, el jefe comunal opta por replicar su ya conocido “Plan Platita”: anuncios de aumentos salariales, recategorizaciones masivas y ahora la entrega de bienes materiales, en una clara maniobra destinada a captar voluntades de cara a los comicios. No es casualidad que todo esto ocurra justo ahora, cuando busca su séptimo mandato consecutivo.

El financiamiento de estas motos —que, según el propio De Grandis, tienen un valor de 1.400.000 pesos cada una— corre por cuenta del municipio, es decir, de todos los puertenses. Sin discusión pública, sin control, sin criterio distributivo más que el de beneficiar a un segmento estratégico: el personal municipal. Un gesto que, en lugar de representar una política de movilidad o de incentivo laboral genuino, se convierte en un recurso de disciplinamiento y fidelización política.

El discurso del intendente deja entrever su verdadera lógica de poder: “Siempre que reúno a los trabajadores es para darles una buena noticia”, dijo. Pero no se trata de buenas noticias para todos, sino de beneficios selectivos, con olor a prebenda, otorgados bajo una lógica paternalista que desnaturaliza la función pública y profundiza una cultura del favor, antes que del derecho.

Las motos entregadas ayer no son solo vehículos: son símbolos de un modelo agotado, que lejos de pensar en el desarrollo estratégico de la ciudad, se sigue sosteniendo en el reparto de beneficios a cambio de lealtades. En definitiva, una postal más de una gestión que naturalizó el uso discrecional del poder como forma de perpetuarse, mientras apela al “plan platita” local para tapar las grietas de una democracia profundamente debilitada.

Puerto General San Martín necesita discutir de cara a la ciudadanía qué tipo de democracia quiere construir: si una basada en el control ciudadano, la transparencia y el fortalecimiento institucional, o una sostenida en prácticas propias de un feudo moderno, donde los bienes del Estado se administran como si fueran parte de una empresa personal. El 29 de junio los puertenses tendrán la posibilidad de decidir.