Tres diputados nacionales, Gerardo Milman del Pro, Lilia Lemoine y Carlos Zapata de La Libertad Avanza, presentaron un proyecto de ley que considera eliminar la posibilidad que tienen los mayores de 18 años en realizar tratamientos hormonales o quirúrgicos para el cambio de género.
El proyecto pretende no sólo prohibir la utilización de fondos públicos para los tratamientos sino también los programas de obras sociales o el Plan Médico Obligatorio (PMO) o cualquiera que tenga financiación de fondos públicos.
“No negamos la libertad individual ni el derecho de toda persona a autodefinirse conforme a su vivencia interna del género. Reafirmamos el principio liberal de soberanía del individuo sobre su propio cuerpo y vida, encuadrándolo en un marco que respeta los límites naturales del orden jurídico, la neutralidad ideológica del Estado, y el principio de no agresión fiscal hacia los contribuyentes”, manifestó Milman.
“El Estado no debe intervenir condicionando a terceros para que financien la decisión personal de aquellos que deciden sobre su identidad y su proyecto de vida. Tampoco puede suplantar la patria potestad cuando un menor quiere cambiar de género. Los padres deben dar su autorización y consultar con los profesionales correspondientes si el deseo de su hijo/a es real o está motivado por campañas impuestas por ciertos sectores de la sociedad,” concluyó.
La iniciativa busca sustituir además el artículo 5 para prohibir a los menores de 18 la realización de intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo. “En menores, sólo será posible con el consentimiento de ambos padres y la intervención de profesionales independientes. El Estado no puede reemplazar a las familias ni promover decisiones irreversibles en chicos que están en pleno desarrollo”, expresó Milman en un post de X (Twitter)
“No se persiguen identidades. Se defienden libertades, se cuidan a los menores y se termina con el adoctrinamiento ideológico”, agregó el diputado.
La Ley 26.743 de Identidad de Género, fue sancionada el 9 de mayo de 2012 y promulgada el 23 de mayo de 2012, se trata de una ley pionera en el mundo por reconocer el derecho a la identidad de género autopercibida.