La normativa establece que, una vez concluidos los procesos judiciales o administrativos, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) recibirá las armas y determinará su destino. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, podrá disponer su entrega a las fuerzas federales o su destrucción, modificando así lo previsto en la Ley N° 25.938.

Según los fundamentos del decreto, el Gobierno considera que durante años se han destruido miles de armas en condiciones de uso, y que su aprovechamiento permitirá fortalecer el combate contra el crimen organizado sin aumentar el gasto público. En este sentido, se prevé un sistema de trazabilidad para garantizar el control de los materiales reutilizados por la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

El DNU entró en vigencia de inmediato y será remitido al Congreso para su análisis en la Comisión Bicameral Permanente.