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miércoles, 09 junio 2021 | Argentina

El Estado nacional apelará el fallo de un juez que ordenó suspender la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

El Estado nacional apelará la decisión del Juez federal Alfredo Eugenio López, de Mar del Plata y buscará asegurar el cumplimiento de una ley votada por el Congreso de la Nación.
El Estado nacional apelará el fallo de un juez que ordenó suspender la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
El Estado nacional apelará inmediatamente la decisión del Juez federal Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, que decreta, en virtud de una medida cautelar, la inaplicabilidad de la Ley N° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en hospitales nacionales.

El juez dio lugar a una medida cautelar presentada por un ex candidato del partido de Aldo Rico. En la misma ordena suspender la Ley Voluntaria de la Interrupción del Embarazo porque viola la obligación internacional del Estado argentino de proteger la vida desde la concepción.

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación realizarán todas las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de una ley votada por el Congreso de la Nación, que significa reducir las desigualdades que terminan en muertes, enfermedades y otros daños.


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La Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, está en vigencia en todo el territorio nacional.

El pasado 28 de mayo, además, fue aprobado mediante la Resolución ministerial 1531/2021 el protocolo para la atención integral que ofrece una guía a los equipos y establecimientos de salud para que cumplan con la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y atención posaborto, en el contexto del compromiso del Estado argentino con el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos establecidos en el marco jurídico nacional, específicamente, en la Constitución nacional, Tratados Internacionales de Derechos Humanos, el Código Penal y el Código Civil y Comercial de la Nación, así como por todas las leyes concordantes de protección de pacientes, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, entre otras.
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