La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, denunció que el gobierno nacional avanza con la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) mediante un decreto que, según anticipó, será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial.

La sindicalista acusó directamente al presidente Javier Milei y al ministro Federico Sturzenegger de ser los responsables políticos de “un genocidio en las rutas”, al desmantelar el organismo encargado de la planificación, ejecución y mantenimiento de la infraestructura vial del país.

“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas. Es una vergüenza. Este decreto está armado para hacer negocios, como lo fue también el desvío escandaloso del Impuesto a los Combustibles”, señaló Aleñá en un duro comunicado.

El decreto en cuestión plantea la eliminación de Vialidad Nacional como organismo autónomo, traspasando sus funciones al Ministerio de Economía y a una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. La medida implica la pérdida de más de 5.500 puestos de trabajo, el abandono de 118 rutas nacionales y deja sin mantenimiento más de 40 mil kilómetros de caminos, según informó STVyARA.

Además, el decreto habilita la liquidación de edificios, maquinarias y recursos de la DNV, que pasarán a ser gestionados por la Agencia de Bienes del Estado (AABE). Para Aleñá, “el objetivo de fondo es desguazar el patrimonio público para favorecer negociados privados”.

Desde el gremio vial señalaron que esta disolución no es una reorganización administrativa, sino una decisión ideológica y privatista, orientada a desmantelar la capacidad del Estado de intervenir en la planificación y el control de la infraestructura vial. Aleñá afirmó que el gobierno primero desfinanció deliberadamente a Vialidad para luego acusarla de ineficiente.

“Reducir nuestras tareas al ‘desmalezamiento de rutas’ es una burla. Vialidad realiza obras de bacheo, repavimentación, señalización, mantenimiento invernal, auditorías y controles de calidad. Ningún ministerio centralizado ni empresa privada puede reemplazar eso sin afectar el servicio ni su alcance federal”, remarcó.

Según Aleñá, la desaparición de la DNV implica la pérdida de soberanía vial, al concentrar decisiones estratégicas en organismos sin presencia territorial ni experiencia técnica. “La nueva agencia responde a una lógica político-fiscalista, no a una planificación con visión federal”, advirtió.

Además, alertó que la centralización en el Ministerio de Economía aleja la toma de decisiones de las necesidades reales de cada región, lo que impactará en la calidad del servicio, en el empleo público y en las economías locales.

“Estamos frente a una operación para mercantilizar las rutas argentinas, donde el único criterio será la rentabilidad, no la necesidad social ni la conectividad. Este decreto pone en peligro vidas, empleos y derechos. Exigimos que los gobernadores y las fuerzas políticas se opongan y frenen este atropello”, concluyó Aleñá.