La empresa de telecomunicaciones Ultrafibra denunció públicamente la clausura de su sucursal en Capitán Bermúdez, medida que calificó como “arbitraria y lesiva”, y que "pone en riesgo la continuidad del servicio para más de 2.300 abonados en la localidad".

Según comunicó la empresa, el cierre fue ejecutado debido a que el Ejecutivo local insiste en cobrar la tasa municipal de "Ocupación del Espacio Pública", la cual desde la empresa consideran inconstitucional y que se contradice a lo dictaminado por la Ley Nacional de Telecomunicaciones y la reciente Ley Bases.

El conflicto gira en torno a la llamada Tasa de Ocupación del Espacio Público, establecida por ordenanza, que exige a las empresas un monto del 7% de su facturación bruta en la ciudad. Desde Ultrafibra sostienen que ese porcentaje resulta “desproporcionado” y que, de aplicarse, recaería directamente sobre los consumidores, ya que las compañías deberían trasladar el costo a sus tarifas.

“La legislación nacional prohíbe este tipo de tasas abusivas justamente para evitar que se encarezca un servicio esencial como el de internet o televisión por cable”, explicaron desde la empresa.

Ultrafibra también advirtió que la medida no solo afecta el funcionamiento administrativo de la firma, sino que inhibe la atención al público, la percepción de ingresos (necesarios para el pago de sueldos y señales) y pone en riesgo la prestación regular del servicio.

Además, denunciaron una situación de trato desigual en el mercado local, al señalar que la empresa compite con una compañía vinculada a la familia del intendente, y que es la única firma clausurada por no abonar la mencionada tasa.

“Nos encontramos en una situación de clara desigualdad y discriminación, lo que perjudica tanto a nuestra empresa como a nuestros clientes”, concluyeron.

La empresa evalúa acciones legales para revertir la medida y garantizar la continuidad del servicio. Hasta el momento, el municipio no emitió una respuesta oficial