Tasas municipales en Bermúdez: entre la ilegalidad y el uso discrecional de fondos
La Municipalidad de Capitán Bermúdez demostró su voracidad fiscal que golpea a empresas y vecinos indiscriminadamente, y que además roza la ilegalidad.
El conflicto estalló esta semana con la empresa de telecomunicaciones Ultrafibra, que denunció la clausura arbitraria de su sede por negarse a pagar la llamada “Tasa de Ocupación del Espacio Público”, que representa nada menos que el 7% de su facturación bruta. La firma se ampara en la Ley Nacional de Telecomunicaciones y en la propia Ley Bases, que prohíben expresamente que los municipios impongan tasas sobre servicios regulados a nivel nacional. Sin embargo, el Ejecutivo local avanzó igual y cerró la oficina de atención al público, afectando la prestación de servicios a más de 2.300 abonados.
La actitud del municipio no solo desconoce el marco legal vigente, sino que deja entrever un uso discrecional del poder. No es menor el dato de que Ultrafibra compite directamente con una empresa vinculada a la familia del intendente Daniel Cinalli, lo que refuerza la sospecha de una maniobra orientada a eliminar competencia antes que a recaudar legítimamente.
Pero el caso de Ultrafibra no es aislado. Los vecinos de Bermúdez también pagan silenciosamente una “tasa vial”, incluida en el precio final del combustible en todas las estaciones de servicio de la ciudad. Se trata de un recargo del 1,6% por litro de nafta, impuesto a comienzos de 2024 bajo el argumento de financiar obras de infraestructura vial. Sin embargo, ni se ven obras, ni los fondos van a ese fin.
La Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos no habilita la creación de tributos municipales como estos, que cargan sobre los consumidores y distorsionan la economía local. En lugar de buscar eficiencia, el municipio opta por recaudar sin control ni sustento legal, y castigar a quien se niegue a convalidar el atropello.