Taxistas y vecinos de la ciudad realizaron el viernes por la noche una movilización con corte en inmediaciones de la Autopista Rosario Santa Fe, a la altura de Aldao. El corte se extendió hasta el día sábado, donde se esperaba la llegada de alguna autoridad de la provincia para exigirle mas seguridad.

El intendente de la localidad, Leonardo Raimundo realizó un pedido de 100 efectivos policiales y 25 móviles para la ciudad. Finalmente luego de 16 horas de corte, se hizo presente en la movilización el Ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, quien firmó el compromiso para la incorporación de los efectivos pedidos este lunes.

“Esto demuestra que yo tenía razón, que estos efectivos se le habían negado a la ciudad de San Lorenzo. ¿Cómo ahora pueden venir? ¿Qué pasó? Antes no podían y ahora pueden. Quiere decir que los recursos estaban disponibles y los habían sacado de la ciudad de San Lorenzo por una decisión política del gobierno provincial. ¿Quién paga el pato? La ciudad de San Lorenzo. Con robos, con muertes, con gente con miedo, con robo de cables, robo de autos, violencia. Y lo último, ¿no? Gente circulando en autos armados hasta los dientes”, expresó el intendente Leonardo Ramundo.

“La decisión que toma el gobierno ahora es correcta, pero todo lo que hizo estos cuatro años es absolutamente incorrecto y prueba que nosotros, todas las notas, todos los reclamos, todas las peticiones que hicimos públicamente, de las cuales ustedes son testigos, teníamos razón. Porque lo que pedíamos era algo simple. Había una decisión política de no apoyar a la ciudad de San Lorenzo con la seguridad que todos pagamos con nuestros impuestos”, destacó el intendente.

Luego argumentó: “Tengo todas las actas firmadas. Y lo mismo que pedíamos es lo que estamos pidiendo ahora. Ahora, gestionamos, pedimos por escrito, de palabra, en actos públicos, con audiencias, un montón de veces, y la respuesta era sí, pero no. Si no se cumple el acuerdo voy a proceder a hacer una denuncia penal contra el señor gobernador y estos dos funcionarios por incumplimiento del deber de funcionario público “, sentenció Raimundo.