El reclamo de un grupo de familias de barrio Villa Felisa de San Lorenzo que atraviesa una angustiante situación a partir de lo que denuncian como una maniobra fraudulenta de una inmobiliaria rosarina, tal como lo narró este medio hace algunos días, llegó este jueves al Concejo Municipal de la ciudad. Vecinos y vecinas fueron recibidos por ediles y plantearon la problemática: todos adquirieron de buena fe los terrenos que habitan desde hace años y ahora la empresa Vanzini intentó venderles nuevamente los lotes. Ante la negativa, la firma recurrió a la justicia y ya comenzaron a llegar las citaciones de desalojo.

El concejal justicialista Martín Cerdera remarcó el “sentido de injusticia” de la situación que atraviesan estas cerca de 60 familias sanlorencinas y pidió accionar rápidamente una mesa de trabajo que involucre tanto al Concejo como al municipio para acompañar y defender a los vecinos y vecinas.

“El Estado Municipal no puede ser ajeno a este conflictivo escenario habitacional que podría generarse en caso de que se concrete esta injusticia”, señaló el edil, y agregó: “Ya todos estamos al tanto formalmente de esta situación, quienes elijan mirar para otro lado están a favor de la injusticia y en contra de los vecinos”.

Durante un diálogo con el resto de los ediles, Cerdera resaltó además que “estamos hablando de una empresa que es muy poderosa”. En ese sentido, detalló: “Una empresa que logró hace dos meses en la ciudad de Baigorria la condonación de una deuda multimillonaria que tenía con el Estado municipal; una empresa que tiene juicios en Andino, en Córdoba, en Rosario; una empresa que su historial demuestra que su intención es, a costa de una situación injusta para los vecinos y vecinas, en este caso de la ciudad, continuar enriqueciéndose”.



“Busquemos los mecanismos, constituyamos una mesa de trabajo, citemos a la empresa. Hay una tarea que hay que hacer en defensa de los vecinos. La otra es lavarse las manos, dejar que la empresa avance y que decenas de nuestras familias de la ciudad vengan a golpear la puerta mañana y nos digan que se quedaron en la calle”, expresó Cerdera.

Los primeros movimientos que definió el Concejo

Los vecinos y vecinas fueron recibidos por el Cuerpo en Comisión, espacio de trabajo del que participan todos los ediles, luego de la carta que ingresaron días atrás solicitando apoyo y acompañamiento del cuerpo legislativo. Se espera que en la próxima sesión el Concejo Municipal, en principio con el acompañamiento de todos sus integrantes, apruebe un proyecto expresando su preocupación por la situación y el apoyo a las familias afectadas.

Además, durante el encuentro de ayer se decidieron una serie de medidas inmediatas. “Se planteó remitir por nota una serie de solicitudes al poder Ejecutivo municipal. En primer lugar la intervención de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Derechos Humanos para que haga un trabajo de recopilación de todas las causas judiciales que Vanzini tiene iniciada contra vecinos de la ciudad, y en segundo lugar una evaluación del estado de cada una de esas causas y una identificación de las causas más urgentes, es decir las que ya tienen sentencia de desalojo”, explicó Cerdera.

Por otro lado, se definió una solicitud de intervención y una evaluación de todos los posibles asesoramientos jurídicos o de representación colectiva que pueda hacer el Estado municipal para con los vecinos que ya tienen causa judicializada. Asimismo, se pidió a la Secretaría de Desarrollo Social que haga un relevamiento para conocer cuántas personas son a ciencia cierta las afectadas, tanto aquellas situaciones ya judicializadas como las que aún no se encuentran con expediente en la justicia.



Las familias afectadas sostienen que adquirieron sus lotes de buena fe durante las últimas décadas, mientras que la empresa rosarina se desprendió de los terrenos en la década del 70’ mediante boletos de compra venta, tal como lo demuestra el propio documento que aun conserva un vecino, aunque ahora alega ser la titular legítima de los lotes y pretende volver a vendérselos.

De acuerdo a la información a la que accedió este medio, la inmobiliaria pidió entre 12 y 17 mil dólares a los actuales propietarios —un valor además excesivo por la falta de servicios en el barrio— para que puedan permanecer en el lugar. Mientras tanto, avanzan en la justicia sanlorencina distintas causas judiciales y algunos vecinos ya recibieron órdenes de desalojo.