Estanislao Bougain, miembro del directorio de la empresa, abrió la jornada defendiendo la paralización de las plantas como una medida preventiva: “Temíamos no tener ni energía ni fuerza laboral para hacerlo ordenadamente”, explicó. También reconoció que el futuro es incierto: “Sin garantías judiciales y con esta realidad, no hay certezas de continuidad”.

Desde el gremio aceitero, las respuestas fueron inmediatas y furiosas. El secretario General del SOEA, Daniel Succi calificó de “mentira” la supuesta parada segura y acusó directamente: “Desde que se fueron los interventores, en septgiembre de 2024, se volvieron a robar los sueldos”. También denunció que trabajadores de Renopack, empresa controlada por Bunge y fuera del concurso, cobraron solo el 60% del salario.

Los testimonios de los trabajadores, que participaron de forma presencial y virtual, reflejaron una realidad desesperante. Martín Morales fue contundente: “Empezamos mal si la empresa está representada por una persona imputada por estafa”. Daniel Fernández sumó otro dato: “Nos cortaron los colectivos y seguimos yendo igual. Lo único que sabemos hacer es trabajar”. Juan Lemos desmintió la versión empresarial: “Hay caños con aceite, silos con girasol. Esto no es una parada segura. Es una bomba”.

La abogada del gremio, Laura Campa, exigió certezas inmediatas: “No se puede vivir con esta incertidumbre. En este estado, cualquiera podría pedir la quiebra”.

Desde el lado empresario, Bougain respondió afirmando que “no están aferrados a ningún cargo” y que los socios estarían dispuestos a reiniciar operaciones “si hay condiciones”. Sobre su situación judicial, se defendió asegurando que las imputaciones están apeladas y negó el uso de fondos de la empresa para pagar abogados.

La Unión Agrícola de Avellaneda se mostró dispuesta a colaborar con semillas para terminar el girasol, pero puso condiciones: “Si no se suman ACA, Bunge y Viterra, vamos a tener que retirar nuestros bienes en 15 días”.

Uno de los veedores, Andrés Shocron, fue terminante: “Hoy se están perdiendo los activos y la fuente laboral. No hay ninguna alternativa concreta para revertir esto”.

También el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, cuestionó la decisión de frenar las plantas: “Esa soja podría haber ayudado a pagar salarios. Hay dos grupos en pugna, y también hay quienes esperan la quiebra”.

En un clima cada vez más cargado, el empresario Mariano Grassi, de Commodities, lanzó un cierre explosivo: “Los directores de Vicentin son el problema. Si quieren pedir la quiebra, háganlo. Nadie serio va a poner plata en este esquema. Necesitamos una intervención ya”.

El último grito fue del gremialista Hugo López, quien puso en palabras lo que todos sentían: “La gente no tiene un plato de comida. Vamos a moler piedra si es necesario, pero con plata”. El reclamo fue respaldado por aplausos y gestos de los trabajadores.

El momento más dramático llegó al final, cuando trabajadores, entre lágrimas e impotencia, interrumpieron la audiencia virtual a los gritos: “¡Que se pudra todo, loco! ¡Basta, viejo, basta!”. El juez debió cerrar la audiencia abruptamente.

Cinco años después del default de Vicentin, la postal del proceso es desoladora: fábricas detenidas, miles de familias en la incertidumbre y una justicia sin herramientas para resolver un conflicto que ya superó todos los límites.