El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las distintas instituciones y señaló que la intervención responde a una demanda de los vecinos. “La Ley de Microtráfico no solo apunta a la venta de drogas, sino también a eliminar focos de violencia que afectan la convivencia y la seguridad en los barrios”, afirmó.

En ese sentido, el funcionario anunció que se están fortaleciendo las estructuras para una aplicación más eficiente de la normativa, con el ingreso de nuevos fiscales y el refuerzo de la Policía de Investigaciones (PDI).

Por su parte, el fiscal Matías Merlo explicó que la investigación se inició a partir de información proporcionada por la Municipalidad de Pérez, que alertó sobre hechos delictivos vinculados al punto de venta de drogas. “Aquí no solo se comercializaban estupefacientes, sino que también se registraban robos y episodios de violencia con armas de fuego, lo que generaba un clima de inseguridad en el barrio”, detalló.

El fiscal Diego Giró agregó que el búnker había sido incendiado en diciembre pasado y se encontraba abandonado, aunque seguía siendo utilizado durante la noche, según testimonios de los vecinos.

Desde la implementación de la Ley de Microtráfico, se han desactivado más de 40 puntos de venta de droga en Santa Fe mediante operativos conjuntos entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el MPA, la Policía provincial y los gobiernos locales, de acuerdo a lo informado oficialmente.

La normativa, aprobada a fines de 2023, otorga competencia a los fiscales provinciales para investigar delitos de microtráfico, una tarea que antes correspondía exclusivamente a la Justicia Federal. Además de eliminar estos puntos de venta, el objetivo es avanzar en la identificación de los eslabones superiores de la cadena de comercialización de estupefacientes.