En las últimas horas ingresó a la Cámara de Diputados de Santa Fe un proyecto de Ley que busca declarar la emergencia del transporte público de pasajeros de jurisdicción provincial por el término de trescientos sesenta días, con el objetivo de promover las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento del servicio interurbano, en el marco de un contexto de crisis del sistema.

La iniciativa, presentada por la diputada provincial Lucila De Ponti, plantea una serie de incentivos para que las empresas puedan sostener el servicio, ante la quita del Fondo Compensador del Transporte por parte del gobierno nacional. Entre las medidas, el proyecto busca otorgar una prórroga en el uso de las unidades del transporte público de pasajeros, para una antigüedad máxima improrrogable de quince (15) años, bajo la obligación de realizar la Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O.) cada tres meses. Además, también se establecen una serie de beneficios impositivos.

“La eliminación del subsidio nacional representó un aumento directo en el costo del boleto urbano e interurbano y una consecuente disminución en el número de usuarios. Este efecto, a su vez, ha desencadenado un ciclo destructivo para el sistema de transporte, afectando irremediablemente la calidad del servicio ofrecido”, destaca De Ponto entre los fundamentos del proyecto, y agrega: “En un contexto de creciente incertidumbre, los empresarios han advertido que no podrán asegurar el pago completo de los salarios de los conductores, lo que aumenta la posibilidad de paros en el transporte público”.



En simultáneo, se solicita a la Secretaría de Transporte y Logística del Ministerio de Desarrollo Productivo, como autoridad de aplicación de la normativa, que desarrolle una evaluación de la calidad del servicio y de otros aspectos vinculados a la estabilidad laboral de los prestadores del transporte público de pasajeros, de acuerdo a la normativa vigente, considerando la frecuencia del servicio asociada a la demanda del mismo; aumento de cantidad de unidades en horarios de mayor demanda; estado de las unidades, y cumplimiento del recorrido establecido, entre otras.

Como contrapartida, las empresas no pueden suspender ni despedir personal, además de tener que cumplir con los parámetros del servicio establecido por el Estado provincial.

Financiamiento para nuevas unidades y tarifas

El proyecto insta al gobierno a promover el desarrollo de líneas crediticias con entidades financieras, facilitando la posibilidad de las empresas de renovar sus unidades.En ese sentido, convoca a realizar un relevamiento de las necesidades empresariales respecto de la antigüedad y el estado de su flota de vehículos y determinar qué empresas pueden acceder a este beneficio.

En este marco, se propone realizar convenios con entidades financieras con el fin de coordinar las características de las propuestas crediticias, y subsidiar la tasa de interés de los créditos otorgados en el marco de los convenios firmados.

Respecto a las tarifas, la iniciativa aclara que durante la vigencia de la ley el Poder Ejecutivo no puede autorizar incrementos en las tarifas para los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros, que superen el Índice de Salarios publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

“La estabilidad y eficiencia del servicio de transporte público son indispensables para el bienestar de la sociedad. Asegurar el acceso a este servicio es esencial para promover la equidad, facilitar la movilidad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Por lo tanto, resulta fundamental implementar medidas como las sugeridas en este proyecto, con el fin de garantizar un acceso continuo y equitativo al transporte público para todos los miembros de la comunidad”, remarcó De Ponti.