Este lunes el Concejo Municipal de San Lorenzo recibió a los trabajadores de la empresa Puerto BG, en el marco del tratamiento de la fijación del nuevo canon de locación y la renovación de la concesión por 20 años dispuestos en la Ordenanza N° 2383, fechada el 3 de diciembre de 2001 y promulgada 13 días después.

Durante la sesión se aprobó un dictamen de comisión que fija el nuevo canon a pagar por la firma Puerto BG SRL y el usufructo del terreno municipal ubicado en calle América y Av. Costanera, al límite con el municipio de Fray Luis Beltrán, por otros 20 años. El valor fijado fue de 11.682 UF (Unidad Fija - 1 litro nafta súper local YPF) mensuales, que equivale a un total de $1.373.211, ajustando 6% correspondiente a abril y 5% por el mes de mayo. Este valor es 3 veces mayor a la propuesta realizada por la empresa en el mes de diciembre.

Cabe remarcar que el tema estuvo 180 días en comisiones para ser analizado y consensuado entre las partes, que al momento del tratamiento mantuvieron las diferencias en cuanto a los fundamentos de legalidad o ilegalidad de dicha norma.

Acusaciones cruzadas

Desde la oposición plantearon irregularidades de la ordenanza original y señalaron la necesidad de un llamado a licitación pública para no continuar con la excepción de adjudicación directa, así como también expusieron herramientas para mantener los puestos laborales. Esto demandaba un regreso del proyecto a las comisiones y otra prórroga para que Alberto Gualtieri, titular de Puerto BG, pueda continuar operativo. Además, remarcaron estar "a favor de las pymes, pero no podemos desatender la legalidad".

Por su parte, desde el oficialismo sostuvieron que la ciudad debe dar garantías a los empresarios que quieren invertir en ella, y remarcaron que los concejales de la oposición tuvieron criterios de unanimidad en actos administrativos anteriores sobre el tema y que el dictamen de parte solicitado por Marcelo Remondino atenta contra la propiedad del Estado municipal.

El bloque oficialista, que votó favorablemente, fundamentó que tiene “la intención de sostener la propiedad de los terrenos municipales” y están “convencidos de marcar una seguridad jurídica para el Estado local”.

“Es una irresponsabilidad de la oposición cuestionar la legalidad del dominio, hoy a nombre del municipio. Es una traición a los intereses de los sanlorencinos”, acusaron.

La propuesta de pase a comisión para buscar una licitación pública no prosperó y se votó el dictamen propuesto por el bloque oficialista, que sumó los 5 votos para darle sanción al proyecto.