La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario hizo lugar a un recurso de apelación con la finalidad de que se le dé trámite a un amparo colectivo impulsado en el mes de febrero con el que se pretende frenar la quita de los subsidios al transporte del interior del país impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El amparo había sido presentado en febrero por parte de dos trabajadoras de casas particulares y acompañado por legisladores nacionales, provinciales y de la ciudad de Rosario. Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia a cargo de Sylvia Aramberri en marzo había rechazado in límine el amparo, lo que derivó en que se presente el recurso de apelación que fue aprobado por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones rosarina.

Según explicó en su cuenta de X (Twitter) el Diputado Nacional Eduardo Toniolli, uno de los legisladores que acompañó la presentación, esta decisión “obliga a que (el amparo) sea tramitado junto a otros similares, a fin de que haya una definición sobre el fondo de la cuestión”.



“El amparo, que cuenta con el patrocinio legal del Dr. Hugo Hernández, plantea frenar la eliminación de los subsidios nacionales al transporte de pasajeros del interior del país y, además, obligar a las partes -Poder Ejecutivo Nacional y amparistas- a conformar un comité de emergencia junto a la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, para buscar soluciones consensuadas a la crisis del transporte público”, amplió el Diputado.

La quita de subsidios al transporte también implicó que el lunes pasado, 23 intendentes de las principales ciudades del interior, encabezados por Pablo Javkin de Rosario, viajaran al Congreso de la Nación donde se reunieron con legisladores de las comisiones de transporte de ambas cámaras.

Allí buscaron impulsar un proyecto que plantea que la precaución del estado en concepto de impuesto a los combustibles no se concentre para subsidiar la tarifa del transporte público en el Gran Buenos Aires sino que ese recurso se destine a la misma jurisdicción que los cobra.