Este lunes, el presidente Javier Milei oficializó el veto total a tres leyes clave de contenido social: el aumento de las jubilaciones, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 534/2025 y desató un fuerte revuelo político y social.

En los fundamentos, el Ejecutivo calificó a las iniciativas como “fiscalmente irresponsables” y sostuvo que violaban la Ley de Administración Financiera por no establecer fuentes de financiamiento genuinas. Según el Gobierno, las medidas implicarían un gasto adicional de 7 billones de pesos en 2025 y de 17 billones en 2026, lo que representaría el 1,68% del PBI y comprometería el objetivo de equilibrio fiscal.

Además, el decreto cuestionó la validez del procedimiento parlamentario, denunciando que la sesión del Senado que aprobó las normas estuvo “viciada por graves nulidades”, como la ausencia de una citación previa y el uso de una mayoría simple para aprobar proyectos que requerían dos tercios.

Jubilaciones: Aumentaba un 7,2% de emergencia las jubilaciones, establecía un bono permanente de $110.000 y garantizaba fondos para las cajas previsionales provinciales.

Moratoria previsional: Reabría el Plan de Pago de Deuda Previsional por dos años para quienes no tienen los 30 años de aportes, y facilitaba el acceso a la PUAM.

Emergencia en discapacidad: Declaraba la emergencia nacional hasta 2026, creaba una nueva pensión no contributiva, compensaciones económicas para prestadores y medidas para garantizar la inclusión.

Tras el veto presidencial, la pelota vuelve al Congreso. Para revertir la decisión y convertir las leyes en vigencia, se necesita el voto afirmativo de dos tercios en ambas cámaras, un desafío difícil pero no imposible para la oposición.