El gobierno a través del secretarío de Transporte de la Nación, Franco Mogetta concedió a la empresa Oiltanking Ebytem el permiso para que el remolcador de ultramar “ALP Striker”, con bandera de Países Bajos, realice un trabajo reservado para los buques de pabellón nacional como denunciaron hace pocos días los trabajadores y empresas de la actividad fluvial.

Oiltanking Ebytem posee en Puerto Rosales dos monoboyas giratorias para el atraque de grandes buques petroleros, denominadas Punta Ancla y Punta Cigüeña con las cuales se recepciona el petróleo que proviene desde otras provincias. Estas boyas se encuentran vinculadas a tierra firme por una cañería submarina de 2.000 metros de longitud que las conecta con una planta de 18 tanques (con una capacidad de almacenaje de 480.000 m3) y un oleoducto a través del cual se bombea el crudo hacia las refinerías instaladas en La Plata, donde se lo industrializa.

La empresa, controlada por la alemana Oiltanking con un 70% de las acciones y la petrolera YPF, que tiene el 30% restante, fue protagonista de dos derrames consecutivos (el 26 de diciembre y el 17 de enero) que provocó la salida de operación de Punta Ancla, poniendo en riesgo el abastecimiento de gas oil para la maquinaria de campo y transporte de la cosecha gruesa récord que está a días de comenzar.



Para poner operativa la monoboya Punta Ancla, la empresa solicitó lo que se denomina un “waiver”, que es un permiso para la utilización de un buque o navío de otra bandera ingrese al país a realizar un trabajo que por Ley es destinado a la bandera local.

El remolcador de ultramar “ALP Striker” partió desde el Puerto de Las palmas (ESP) el día 16/02/24, antes de la presentación de excepción de cabotaje realizado por la empresa el pasado 21/2/24. El trámite oficial dispone de requerimientos específicos para determinar la inexistencia de capacidades en la flota local y de esta manera justificar el waiver. Estas especificaciones fueron examinadas por un perito naval que, a pedido de la oferente local Servimagnus SA., comparó las capacidades del MAGNUS IX concluyendo que cumple en exceso los requerimientos, menos la particularidad solicitada en los cabestrantes.

Este accionar generó gran polémica en las empresas Argentinas que podrían efectuar el servicio y sectores gremiales que reclamaron con el “propósito de mantener las fuentes de empleo de nuestros afiliados”.

?“Existen experiencias sumamente recientes en la materia y en la convicción de que el personal argentino se encuentra sumamente capacitado y es totalmente idóneo, contando al mismo tiempo con el amparo de la Ley que claramente asegura la prioridad nacional antes del empleo extranjero”, mencionaron las organizaciones sindicales en una nota al funcionario del área.