El conflicto nace casi con la pandemia y desde entonces 46 trabajadores de la empresa Fluvialba (que pertenece a PDVSA petrolera Nacional de Venezuela ) padecen los conflictos económicos del país sudamericano.

El pasado 10 de febrero 17 trabajadores fluviales fueron despedidos en el marco de una reunión entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el presidente de la empresa estatal venezolana, Carlos Corredor.

Desde el gremio explicaron que fueron a reclamar que se abone aunque sea dos meses de sueldos, de los 18 salarios adeudados a los trabajadores, que desde 2020 no cobraban o lo hacían de forma parcial.

Desde la empresa remarcaron que debido al bloqueo de EEUU la empresa tenía que priorizar los pagos hacia sus proveedores y que los trabajadores quedaban en un segundo plano, por lo que insistieron con una prórroga de 90 días para volver a evaluar la situación.

Los gremialistas advirtieron que: “Esta situación es el desenlace de un vaciamiento sistemático por parte de algunos funcionarios de Fluvialba y PDVSA y que no se va a permitir que los trabajadores paguen los platos rotos. En nuestro país los trabajadores tienen derechos, y no solo los vamos a defender, los haremos cumplir con todo el peso de la Ley”.

Los telegramas de despido desataron la bronca con la parte sindical y se realizó una movilización a la embajada de Venezuela para reclamar por los derechos de los trabajadores.