El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, y el fiscal de Estado, Rubén Weder, encabezaron este miércoles un encuentro convocado por el Gobierno de Santa Fe para explicar los detalles del acuerdo de la provincia con la Nación para el pago de la deuda de coparticipación. El objetivo era que participaran los legisladores de los distintos partidos políticos, sin embargo la gran mayoría decidió ausentarse.

De la actividad participaron sólo la diputada Agustina Donnet, la única opositora en asistir, los diputados Oscar Martínez y Ricardo Olivera, y los senadores Armando Traferri y Alcides Calvo.

Legisladores opositores habían indicado en la previa del encuentro que la convocatoria no se hizo con la anticipación necesaria y que además, en algunos casos, fue una invitación informal. Además, exigían que el encuentro sea con el propio gobernador Omar Perotti.

En la oportunidad, Somaglia sostuvo que "el objeto del encuentro con los legisladores que estuvieron presentes fue hacerles saber el estado de la negociación actual y, sobre todo, algunos interrogantes planteados sobre facultades del Poder Ejecutivo para poder cerrar el convenio con Nación, tal como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Lo que estamos en condiciones de afirmarles es la facultad total y única del Poder Ejecutivo de la provincia en llevar adelante el acuerdo con la Nación . Acá no hay incumplimiento por parte de la provincia, la Corte dio un plazo y estamos dentro de los mismos que se vencen en el mes de julio. Si se vencen tampoco hay consecuencias negativas para el erario púbico, por cuanto esto queda abierto hasta que la Corte lo pueda validar", manifestó el secretario de Justicia.

A su turno, el fiscal de Estado explicó que “estamos en el ámbito de la ejecución de una sentencia que fue dictada en un proceso judicial en el año 2015 y que la Corte decidió reintegrarle a la provincia lo retenido a la provincia, en la forma y en los plazos que las partes acuerden. No hay una sentencia a dar sumas de dinero, sino a acordar entre las partes”.

“Después de analizar este tema en el marco de una ejecución de sentencia y de que lo acordado tiene que pasar por un control de legalidad y de congruencia por parte de la Corte Suprema de Justicia Nacional, quien homologará lo que se acuerde, a partir de ahí, el interés público está garantizado por la decisión de la Corte”, sostuvo Weder.

“El antecedente inmediato que tiene la misma naturaleza -explicó Weder-, es el caso de la deuda de San Luis, donde estaban en juego las mismas normas y la sentencia fue dictada el mismo día que la de Santa Fe, que acordó un pago en bonos”.