Luego de que 11Noticias diera a conocer la investigación que lleva adelante la Empresa Provincial de la Energía (EPE) por irregularidades en la Sucursal San Lorenzo —que incluyó el desplazamiento de dos trabajadores y la presentación de una denuncia ante Fiscalía—, ingresó un pedido de informe al Concejo Municipal de Puerto General San Martín en el que solicitan información al gobierno de Carlos De Grandis para arrojar transparencia ante posibles vinculaciones de las autoridades del municipio con el fraude en la empresa de energía y otras irregularidades relativas al área de alumbrado público local.

El concejal Luciano Mandón presentó un proyecto de minuta de comunicación en el que solicita al Departamento Ejecutivo información sobre la relación contractual de dos personas vinculadas a la gestión. Uno de ellos es uno de los empleados infieles de la EPE y el otro un íntimo amigo del intendente con manejo en el área de alumbrado. 

Precisamente el edil pretende conocer la situación laboral y las funciones actuales de estas personas, además de saber si hubo alguna relación como proveedor o integrante de sociedades que hayan sido contratadas por el Municipio. Es que si bien por el momento se mantiene el secreto de sumario y se desconocen detalles del proceso que encara la EPE, hay sospechas de vinculaciones entre material faltante en los almacenes de la firma y conexiones clandestinas ordenadas por el municipio en un fideicomiso.

Además, el proyecto requiere detalles sobre los lugares de depósito y resguardo del material eléctrico que haya sido reemplazado o actualizado por la Municipalidad, así como los certificados de disposición final o comprobantes de venta de dichos insumos. También pide precisiones sobre las modalidades de descarte o venta y si existió autorización del Concejo Municipal para dichos procedimientos.

Es que tal como reveló este medio, las irregularidades en materia de energía eléctrica en Puerto General San Martín son múltiples. Una de ellas apunta a en la operatividad de la Carrusel Gigante, por presuntas faltas en la conexión y un consumo excesivo que en varias ocasiones generó inconvenientes en el suministro eléctrico de la localidad, afectando principalmente al barrio Tierra de Sueños. 

Además, el polo educativo aparecía como conexión de obra y no acusaba consumo. El municipio firmó con la Universidad Nacional de Rosario un convenio en el que se hacía cargo de todos los servicios y hasta el momento no pagó un peso. 

En su fundamentación, Mandón apeló al principio de publicidad de los actos de gobierno, consagrado en la Constitución de la Provincia, así como al derecho al libre acceso a la información pública, reconocido por la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional. También recordó que el acceso a la información es un mecanismo clave para prevenir la corrupción, tal como establecen las convenciones interamericana y de la ONU contra ese flagelo.

“Garantizar el acceso a la información es un derecho humano fundamental y una obligación de los gobiernos en todos sus niveles”, expresó Mandón, y remarcó que “ante hechos que generan sospechas o incertidumbre, la transparencia debe primar sobre cualquier especulación”.

La Municipalidad tiene la obligación de responder el pedido, aunque en la práctica el gobierno de Carlos De Grandis, con un régimen de 24 años en el poder que se caracteriza por la falta de transparencia, evitó dar explicaciones sobre temas incómodos, aprovechando de la mayoría oficialista en el Concejo Municipal, que en los hechos funciona como una mera escribanía.