La ley establece la obligatoriedad de "los debates pre-electorales públicos entre candidatos a Presidente de la Nación, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas".

Además, advierte que "aquellos candidatos que por imperio de lo aquí dispuesto se encuentren obligados a participar de los debates y no cumplan con dicha obligación, serán sancionados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual".

Esta normativa forma parte del paquete de propuestas de reforma política impulsado por el gobierno y había sido sancionado por la Cámara de Diputados el 24 de noviembre pasado.