El Gobierno Nacional, mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei, estableció que los ciudadanos argentinos podrán portar armas de fuego a partir de los 18 años. Este cambio reemplaza el requisito previo de 21 años establecido en la Ley Nacional de Armas y Explosivos (Ley 20.429).

La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo el decreto 1081/2024, argumenta que se busca “reconocer la capacidad de los ciudadanos” para ser legítimos usuarios de armas desde los 18 años. La decisión fue rubricada también por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Para portar un arma de fuego, es imprescindible obtener la Credencial de Legítimo Usuario (CLU), cuyo trámite tiene un costo de 5.000 pesos. Los principales requisitos incluyen:

- Acreditar identidad, domicilio y ser mayor de 18 años.
- Aprobar un examen psicofísico a través del Sistema Abierto y Federal de Emisión de Certificados Psicofísicos (SiAF).
- Certificar la inexistencia de antecedentes penales recientes.
- Declarar el domicilio de guarda del arma.
- Demostrar idoneidad en el manejo de armas mediante un examen supervisado por un instructor de tiro autorizado.

La portación implica costos adicionales: 30.000 pesos para portación simple y 60.000 pesos para portación múltiple.

El decreto se enmarca en un esfuerzo por actualizar y simplificar el régimen de tenencia de armas, con el objetivo de reducir el número de armamentos en situación irregular, estimado en más de 800.000. Entre las políticas complementarias, se destaca la reactivación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, que permite a los ciudadanos entregar armas anónimamente para su destrucción sin consecuencias legales.

Asimismo, el Gobierno promueve un sistema para que los ciudadanos puedan regularizar armas no declaradas, obteniendo el estatus de “legítimos usuarios”.