, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, con el objetivo de "restaurar el orden, la seguridad y la equidad en el acceso a los recursos del Estado argentino".
Al comunicar la medida, el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó que “queremos seguir recibiendo a aquellos que vienen a construir un país más libre y más próspero, pero tenemos que saber recibir a quienes estén dispuestos a colaborar dentro del marco de la ley y tener la firmeza para expulsar a quienes incumplen las normas de nuestro territorio”.
Además, al argumentar el cambio en el Régimen Migratorio, Adorni sostuvo que “desde hace tiempo, tenemos una normativa que invita al caos y al abuso de muchos vivos, que lejos están de venir a este país de forma honrada a construir un futuro de prosperidad”.
A partir de ahora, ningún extranjero condenado podrá ingresar al país, y aquellos que cometan un delito en territorio argentino -cualquiera sea su pena- serán deportados. Esto implica que los ilícitos con penas menores a cinco años, que no eran motivo de rechazo de ingreso al país o de deportación, desde este momento se tendrán en cuenta.
Además, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema de salud público, se exigirá el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares, y se impondrá la obligatoriedad de contar con un seguro médico a la hora de ingresar a la Argentina.
Entre otras medidas, se autoriza a las Universidades Nacionales a que, de optar por hacerlo, establezcan aranceles para los servicios educativos universitarios dirigidos a residentes temporarios. Cabe aclarar que se mantiene el acceso gratuito a la educación primaria y secundaria para todos los residentes, quienes podrán seguir accediendo de la misma manera que los ciudadanos argentinos, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Nacional.
Por otra parte, se endurecen los requisitos para la obtención de la Carta de Ciudadanía. A partir de ahora se otorgará únicamente en los casos de haber residido de manera continua en el país durante dos años, o de haber realizado una inversión relevante para Argentina. En el caso de la residencia permanente, se requerirá acreditar medios de vida suficientes y la ausencia de antecedentes penales.