El proyecto abarca cuestiones fiscales, económicas y de reforma del Estado, y se enfoca en los principales lineamientos impulsados por el presidente Javier Milei. Esta nueva versión es mucho más acotada y técnica que la original, con 279 artículos, y busca llegar a acuerdos con los bloques dialoguistas antes de iniciar el debate oficial en el Congreso.

Uno de los cambios principales es la declaración de "emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año". Se delegan facultades al Poder Ejecutivo nacional en estos temas, pero sin posibilidad de prórrogas.

El proyecto también faculta al Poder Ejecutivo para modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar fondos fiduciarios públicos, y llevar adelante privatizaciones de empresas públicas.

Aunque no contempla una reforma laboral, se menciona la posibilidad de disminución del empleo público en caso de reestructuraciones. Además, se elimina la última moratoria jubilatoria para quienes adeuden aportes.

El texto también incluye disposiciones sobre desregulación económica, creación de un nuevo Tribunal de Defensa de la Competencia y una Agencia de Mercados y Competencia. Se realizan modificaciones a la Ley de Hidrocarburos y se autorizan importaciones de gas natural sin necesidad de aprobación previa, entre otros puntos.