La medida se conoció un día después de que el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicara en su cuenta de X (Twitter) un video donde exhibía la estructura de Vialidad Nacional y del INTA, un gesto que llegó tras la derrota del oficialismo en una sesión especial en la Cámara de Diputados, donde se rechazó el cierre y desmantelamiento de Vialidad Nacional.

En esa misma sesión, la oposición rechazó cinco decretos delegados del Ejecutivo, entre ellos el 462/25, que modificaba organismos técnicos como el INTI y el INTA. Pese a ese revés, el Gobierno avanza con su plan de reformas internas dentro del organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El decreto, publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, formaliza la supresión de la Dirección Nacional del INTA, trasladando sus funciones al Presidente del organismo. Hasta que se complete la reestructuración, las áreas que dependían de esa dirección mantendrán su personal y funciones, pero con una conducción unificada.

El INTA fue creado por el Decreto-Ley 21.680/56 como organismo autárquico para impulsar la investigación y extensión agropecuaria, acelerar la tecnificación del sector y mejorar la vida rural. Su trabajo ha sido clave para el desarrollo de capacidades en el sector agroindustrial, articulando con redes de cooperación, investigación y extensión técnica.

Sin embargo, por el Decreto 462/25, el Gobierno ya había transformado al INTA de organismo descentralizado a organismo desconcentrado, reduciendo su independencia y modificando su estructura de conducción. Ahora, con este nuevo decreto, se elimina la Dirección Nacional, bajo el argumento de que sus funciones se superponen con las del Presidente del organismo.

La decisión llega en un contexto de tensión política y gremial, y es interpretada por sectores de la oposición y del propio sistema científico como una señal de avance del Ejecutivo sobre organismos técnicos que cumplen un rol estratégico para la producción y la investigación aplicada.

El oficialismo justifica la medida como parte de un proceso de “agilidad operativa” y “eficiencia administrativa”. Críticos, en cambio, advierten que esto se traduce en recorte de capacidades, pérdida de independencia y debilitamiento del sistema de investigación pública agropecuaria.