En medio del juicio contra ocho personas acusadas de la desaparición de Loan Peña el pasado 13 de junio, la jueza Cristina Pozzer Penzo rechazó la solicitud del gobierno de Corrientes, que buscaba ser querellante en la causa.

La magistrada expresó preocupaciones sobre la posibilidad de que las autoridades locales intentaran acceder a información bajo secreto de sumario, potencialmente comprometida en la investigación.

Según informaron, la solicitud del gobierno de Corrientes, liderado por Gustavo Valdés, fue presentada antes de las declaraciones de figuras políticas implicadas en el caso. La jueza, en su resolución, señaló que la intervención del gobierno podría estar motivada por un interés en revisar las pruebas y detalles del caso.

La investigación continúa con un enfoque en los posibles vínculos de poder en Corrientes. Según el fiscal Horacio David Ortega, se pidieron los procesamientos para Mónica Millapi, Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Walter Maciel, Laudelina Peña, y Francisco Méndez, todos acusados de participar en la presunta sustracción de Loan. Cabe destacar que Méndez fue liberado recientemente por falta de mérito, al no encontrarse suficientes pruebas en su contra.